En julio del año pasado, Ángel Amórtegui, patrullero, y Andrés Felipe Gómez, sicario, se estrellaron en sus vehículos en la localidad de Kennedy. Hubo una discusión, y luego disparos. Amórtegui fue asesinado, y la Policía desplegó una investigación para resolver el homicidio de uno de sus hombres, que terminó con la desarticulación de una sofisticada red criminal de sicariato, narcotráfico, y extorsión.

La forma cómo funcionaba esta banda, liderada por alias “Coco”, uno de los llamados “narcos invisibles”, muestra la incidencia creciente de las estructuras criminales en el homicidio en la capital. Además, suma un elemento poco discutido al debate sobre la seguridad en la capital, el del sicariato, la muerte por contrato.

Según el centro de pensamiento Futuros Urbanos, este método criminal ha aumentado en un 236 por ciento en los últimos cuatro años, al pasar de 77 casos en 2016 a 259 en 2020.

“Uno de cada cuatro casos de homicidios la modalidad fue por sicariato” dice Omar Oróstegui, exdirector de Bogotá Cómo Vamos y director ejecutivo de Futuros Urbanos, que se dedica a generar ideas para mejorar problemáticas en las ciudades.

La Secretaría de Seguridad no se refirió al periodo de cuatro años, pero le dijo a La Silla -a través de una entrevista que contestó por escrito, y por eso no pudimos contrapreguntar- que en 2020 hubo 41 casos menos de sicariato. Y que en los primeros meses de este año se han presentado 21, frente a 57 el año pasado.

El debate público sobre la seguridad en Bogotá ha girado alrededor de los atracos a personas, pese a que este delito se redujo en 34 por ciento el año pasado en pandemia. Pero aporta cada vez más a la percepción de inseguridad, pues, según el secretario Hugo Acero y la alcaldesa Claudia López, los atracos son ahora más violentos.

Sin embargo, en términos de muertes causadas, y más allá de las percepciones, el sicariato es un fenómeno mucho más peligroso. 283 personas han perdido la vida en medio de un robo, entre 2016 y 2020. En ese mismo periodo, 918 han muerto a manos de un sicario, según cifras oficiales.

La banda de alias “Coco”

Tras el asesinato del patrullero Amórtegui, la Policía capturó a tres hombres: alias “Felipe”, el asesino del patrullero, al “Veneco” y “Michael”. Dos de ellos confesaron que trabajaban para alias “Coco”, conocido también como “el capo invisible”.

El hombre era el líder de una banda que tenía poder en seis localidades de Bogotá: Fontibón, Puente Aranda, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Según informó la Policía, manejaba el 20 por ciento de la droga que provenía del Cauca y que entraba a la ciudad y a Cundinamarca. Las autoridades ya lo venían siguiendo.

A finales de julio de 2020, la Policía logró incautarle dos toneladas de cocaína y 200 kilos de marihuana. Pero no dieron con su paradero sino hasta después de haber capturado a los hombres involucrados en la muerte del patrullero Amórtegui.

La banda del “Capo invisible” no se dedicaba solo al narcotráfico. Era una organización criminal diversificada, incluyendo el sicariato, que revela la complejidad de las estructuras que impulsan este tipo de violencia.

Trabajaban en la venta ilegal de lotes para estafar a ciudadanos, les cobraban vacunas a los comerciantes e incluso a vendedores ambulantes. Además reclutaban a niños y extranjeros para convertirlos en sicarios de la banda.

A “Coco” lo encontraron cerca de una bodega de un frigorífico, en un barrio conocido como El Matadero, desde donde dirigían sus operaciones criminales. En el operativo capturaron también a alias Potosí, el jefe de sicarios que dirigía una oficina de cobros y extorsión que aseguraba el poder de la banda.

El día de su captura también detuvieron a otras 24 personas.

El caso de la banda del Coco es apenas un ejemplo de cómo funcionan estas estructuras criminales en Bogotá. De forma similar operaba la banda de alias El Viejo, al que se le comprobaron 20 homicidios en Ciudad Bolívar o Los Obispos en Rafael Uribe Uribe.

Además, no es un delito que aqueja únicamente a Bogotá. En ciudades con muchos menos habitantes que en la capital la situación es inclusive más difícil. En Barranquilla, por ejemplo, entre 2017 y 2020, pasaron de 136 casos a 161. En Cúcuta, en ese mismo periodo,los casos han estado entre 179 y 168. Y en Cali la cifra pasa los 200 muertos por sicariato al año. Sin embargo, en ciudades como Medellín hubo una reducción importante en esta modalidad, de 333 casos a 193.

Alberto Sánchez, investigador en seguridad urbana y quien ha trabajado con las secretarías de seguridad de Cali y Bogotá, le dijo a La Silla que por estos homicidios los sicarios pueden cobrar desde 500 mil pesos hasta 15 millones, y que se dan en tres escenarios en la capital.