La ponencia del Presupuesto General de la Nación para el próximo radicada ante el Congreso de la República y que será discutida hoy miércoles, llegó con 34 artículos nuevos, entre ellos, uno que permite a los funcionarios públicos la contratación en plena ley de garantías para, según el Ministerio de Hacienda, impulsar la reactivación económica.
El artículo 125 señala: “a partir de la publicación de la presente ley, suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y las entidades territoriales podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”.
Según explicó el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, con este artículo no se suspende la ley de garantías, sino que se permite la contratación en infraestructura vial, proyectos de agua potable, entre otros para que no se frenen por cuenta de las elecciones y para que no afecten el proceso de reactivación.
“No se está eliminando la ley de garantías, simplemente se está permitiendo temporalmente el uso de convenios interadministrativos”, dijo Restrepo.
Cabe mencionar que hace una semana las comisiones económicas conjuntas aprobaron el monto del presupuesto para el próximo año por $350,4 billones, la iniciativa que se debate este miércoles llegó con 34 artículos nuevos, para un total de 126, frente a los 92 presentados inicialmente.
Según la ponencia, para el primer debate se revisaron y clasificaron 215 proposiciones radicadas, “se registran proposiciones que demandan recursos adicionales del PGN para 2021 que suman $27,6 billones y se registran otras proposiciones que no demandan recursos del PGN para 2022 que se ajustan a las disposiciones generales”.
En esta iniciativa se adicionaron 5.8 billones de pesos al presupuesto de inversión pasando de 62 a 68.4 billones de pesos.
Los rubros por sectores se distribuirán de la siguiente forma: educación ($49,3 billones), defensa ($41,9 billones), salud ($41,2 billones), trabajo ($36 billones), hacienda ($23,9 billones) e inclusión social ($21,7 billones).
