viernes, 24 de mayo de 2019
Opinión/ Creado el: 2019-02-09 08:13

Engañando incautos

Escrito por: Redacción Diario del Huila | febrero 09 de 2019

Por: Luis Humberto Tovar Trujillo

Recientemente, la justicia administrativa de Neiva, en un acto de coherencia jurídica y respeto por la institucionalidad, siendo titular el Doctor Tito Alejandro Rubiano, declaró la nulidad de los acuerdos municipales de San Agustín, Oporapa y Timaná, que prohibían las actividades minero energéticas que, en forma ilegal, pretendían proteger el patrimonio ecológico y cultural de las entidades territoriales.

Los mal llamados defensores de la autonomía territorial en Colombia, han asumido la estrategia politiquera, de inducir a los sectores sociales involucrados en estos escenarios, con el animo de levantar votos engañando incautos, distorsionando en forma abusiva y evidente, los dictados constitucionales y legales.

Según la Constitución (332), el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables e interviene por mandato de la ley en su explotación, con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano, entre otros (334).

La explotación de los recursos naturales y del subsuelo, como actividad económica que es, solo puede ser delimitada por la ley cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación (333, Inc. final), y como tal, causa a favor del Estado una contraprestación económica a título de regalía (360), cuyos ingresos se destinan al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales.
La Constitución, también reconoce la autonomía territorial como principio del Estado, que se traduce en la facultad que tienen los entes territoriales de gobernarse por autoridades propias y ejercer las competencias que les correspondan, entre otras.

Al confrontar estas dos realidades constitucionales, se videncia que los municipios no tienen la competencia para delimitar el derecho del Estado a la propiedad sobre los recursos naturales no renovables y el subsuelo, en el sentido de prohibir su explotación, debido a que esa potestad corresponde exclusiva y excluyentemente al Congreso de la Republica, mediante ley.

No obstante, cuando se trata de asuntos que involucren la competencia relacionada con la reglamentación del uso del suelo, propia de los municipios, y ello conlleve la limitación de actividades económicas relacionadas con la declaración de zonas que sean susceptibles de ser declaradas de utilidad pública para el desarrollo de proyectos minero energéticos, deben concurrir con la Nación, es decir, no pueden decidir sin la concertación con el otro extremo, para generar una decisión que conjuntamente beneficie los intereses generales del Estado, tal y como lo ha reiterado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en varios pronunciamientos que constituyen precedente judicial obligatorio.