Alvaro Hernando Cardona González
Si invertimos las prioridades entre deberes y derechos y damos prevalencia a los primeros, además de hacer menos indispensable, y por tanto menos onerosa, la intervención de las autoridades para imponer el “orden” (el del escudo nacional) y que tenemos tan abandonado hace mucho, rescatando de paso la ética y la moral ciudadanas, se contribuirá a aumentar el respeto por el Estado Social de Derecho.
En unas muy interesantes posiciones de la Corte Constitucional, expuestas en la Sentencia SU-747 de 1998, que por cierto tuvieron que ver con las amenazas de la banda delictual de las Farc a quienes prestaban servicios en unas elecciones democráticas (a los delincuentes no les sirve la democracia y su consecuente justicia), se definió al Estado Social de Derecho como la acción del Estado en el marco de un orden jurídico democrático, con separación de los poderes públicos y dirimente de sus conflictos dirigida a garantizar a sus asociados condiciones de vida dignas.
Resaltó la Corte que el Estado no puede limitarse a no interferir o recortar las libertades de las personas, sino que también él mismo se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades sociales y ofrecer a todos las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y superar los apremios materiales. En la misma decisión, acá lo que amerita esta columna, la Corte se refirió a los deberes constitucionales, que los definió como «aquellas conductas o comportamientos de carácter público, exigibles por la ley a la persona o al ciudadano, que imponen prestaciones físicas o económicas y que afectan, en consecuencia, la esfera de su libertad personal”.
Un deber muy importante de los ciudadanos es el de respetar el Estado Social de Derecho. Por eso, entre muchas razones, es que primero van los deberes, y luego como consecuencia, los derechos. Si usted no respeta, como los bandidos y terroristas, un orden jurídico basado en el bien común, ¿cómo va a exigir derechos, por ejemplo, electorales o a los subsidios o beneficios estatales que pagamos todos con los impuestos?
Como al Estado confiamos la función de administrar los bienes públicos, y entre ellos, los recursos naturales y el medio natural en su conjunto, es nuestro deber respetarlo. Por el bien de todos. Y claro, luego de respetarlo, exigirle que esas funciones las ejecute con debida diligencia, sin distingos y mezquindades.
Estas concepciones requieren del apoyo de la justicia, la tercera rama del poder público. Y para eso también se requieren jueces con acendrada ética, impolutos, inteligentes, sensibles racionalmente, y valientes.
