Rodolfo Hernández tienen como bandera la lucha contra la corrupción la cual ha sostenido la gran mayoría de aspirantes a la Casa de Nariño. Sin embargo, el nacido en Piedecuesta -Santander- ha sido criticado desde distintos sectores y también en diferentes debates, sobre una investigación que cursa en su contra por el delito de presunta celebración indebida de contratos en el proceso de Vitalogic para mejorar el servicio de aseo mientras fue alcalde de Bucaramanga.
De acuerdo con el portal Cuestión Pública, Socorro Oliveros; esposa del hoy candidato a la presidencia compró dos propiedades en Estados Unidos avaluadas en casi un millón de dólares. Lo curioso de estas adquisiciones es que se compraran en medio de la licitación de Vitalogic.
Ocho días antes de confirmarse esta compra; la cual en pesos colombianos tendría un valor de 1.020 millones de pesos, Carlos Gutiérrez, Luis Carlos Hernández -hijo de Rodolfo y Socorro- y su socio, el empresario cucuteño Luis Andelfo Trujillo, firmaron un contrato de corretaje entre las empresas JC de Colombia E.U y Servicios Convergentes de Colombia SAS ESP Sercon en el cual se pacta “una comisión por su gestión de Promoción, Acercamiento, Gestión y Facilitación en la celebración de un contrato por término de 30 años de las basuras (…) en el municipio de Bucaramanga”.
La transacción por la compra del inmueble se ejecutó mientras el ingeniero terminaba de concretar la polémica licitación para entregarle a un contratista el negocio de las basuras en la ciudad por 30 años mediante la celebración de un contrato avaluado en cerca de 250 millones de dólares.
Otra de las pruebas de la compra de ese inmueble fueron chats de WhatsApp entre Luis Carlos Hernández y el empresario Trujillo. Allí, el primero le pide ayuda a su socio para conseguir 50 mil dólares porque su mamá “se tiene que ir la otra semana a firmar los papeles de la compra del apto a Miami”. Previamente, el hijo del exmandatario local le había comprado otros 500 mil dólares a John Horacio Rueda, quien en 2010 fue capturado en Venezuela por lavado de dinero.
