Por: Diana Sofía Giraldo
Concluye un mes de grandes pérdidas. Irreparables pérdidas humanas. Pérdidas materiales tan cuantiosas como las incluidas en la propuesta de la reforma tributaria, que detonó el levantamiento social. Sin embargo hay una pérdida mayor, intangible y difícil de identificar en un principio. Sólo se descubre al agudizarse los síntomas: dolor de patria, sensación de desarraigo y orfandad frente a las autoridades elegidas democráticamente. Es el debilitamiento de la legitimidad del estado de derecho y el surgimiento, en el inconsciente colectivo, de un estado paralelo.
Durante el último mes vimos a representantes del Estado arrinconados por la violencia, de reacción tardía y ligereza al dar plena interlocución a quienes llegaron a la mesa de diálogo-negociación catapultados por la violencia callejera y negándose, durante este tiempo, a condenarla de manera categórica y a ordenar los desbloqueos. Peligrosa ambigüedad, que no permitió distinguir la protesta legítima de la violencia contra personas y bienes. Mientras tanto se desplegó la más desproporcionada y sistemática campaña de desprestigio internacional de nuestro gobierno, acusado del exceso, precisamente, de lo que adolece: autoridad.
En una democracia se accede al poder por la voluntad de la mayoría que quiere ser gobernada de una manera determinada y que se expresa a través de un Estado respetuoso de la Constitución y la leyes. Ahí nace la legitimidad, que obliga al elegido a acatar la voluntad popular, expresada en las urnas. Por eso resulta aterrador ver al Estado colombiano arrinconado por la dictadura de unas minorías violentas.
Toda esa estructura se desbarata si se forman estados paralelos, distintos de los elegidos popularmente, que no tienen respeto por las reglas de juego democráticas. Dictan sus propias reglas. Provocan y atacan. Ejercen, de hecho, funciones reservadas a los estados como cobrar tributos. Son condiciones propias de un estado paralelo empeñado en obligar al Estado legítimo a negociar. Mientras los medios de comunicación fijan en el inconsciente colectivo que se trata de «iguales». Con exabruptos, como por ejemplo los comerciales televisivos del Ministerio de Agricultura suplicando a los violentos dar paso para los camiones que transportaban alimentos desde el campo. Este mensaje puso al Estado a reconocer la autoridad de quienes tenían bloqueadas las carreteras.
Por esta vía se legitima la violencia como medio para ejercer una parte del poder estatal. Las autoridades elegidas popularmente terminaron cediendo a la intimidación y tomando decisiones sobre temas propios del ejercicio de la autoridad, presionados por la violencia. Obviamente, los interlocutores descubrieron el camino: escalar de manera indefinida sus pretensiones.
Y ¿En qué basan su autoridad? ¿En la capacidad de causar daño? ¿Quién volverá a usar los canales legítimos del estado de derecho para tramitar una inconformidad, si por la vía del caos y de la violencia pueden cogobernar? Todo lo sucedido es un triunfo político incalculable para quienes lo diseñaron: aislaron al ciudadano de sus autoridades por la incapacidad de estas para protegerlo, al gobierno de la comunidad internacional y por las vías de hecho condujeron al Estado a reconocer la legitimidad nacida de la violencia callejera y no del voto libre de los ciudadanos.
