Así no lo acepten algunos expertos de opinión del país, la sociedad colombiana se encuentra secuestrada por un tsunami de delincuentes que tienen aterrorizados a las familias en algunos territorios del país. Por un lado, la inseguridad ciudadana la tiene acorralada porque no pueden salir tranquilamente a las calles de las ciudades ni salir a disfrutar a un establecimiento público, sin que existan las condiciones propicias de disfrutar con sus allegados y amistades, sin correr el riesgo de ser atracados. Por otro lado, cuando ocurren protestas sociales programados por los sectores de la oposición, generan ambientes de terror por la forma como se culminan en hechos de alteraciones de orden público que desbordan la institucionalidad.
Pero la presencia de grupos insurgentes en algunas regiones del país, también generan zozobra y caos. Permanentemente son asediados por dichos actores armados que han convertido a estos territorios en zonas protegidas por la delincuencia común. El pueblo colombiano se encuentra hastiado por dichos eventos de violencia que solo traen degradaciones humanas y daños a la dinámica productiva. Y como si fuera poco, el paro armado propiciado por el Clan del Golfo durante 4 días por la extradición a los Estados Unidos de su comandante jefe generó una oleada de violencia en 11 departamentos del país. Es indudable que Darío Antonio Úsuga David, alias Otoniel, tenía que responder ante la justicia.
Leer su prontuario es aterrador: con su captura se supo que tenía la práctica de secuestrar adolescentes para violentarlas sexualmente; el Clan del Golfo, organización criminal que comandaba, exportó más de 90.000 kilos de cocaína a Estados Unidos por un valor de unos US$2.000 millones; además, fue condenado por cuatro homicidios en Arauca, por la masacre de Mapiripán, el asesinato de un campesino en Boyacá, entre otros delitos. Hace tiempo Colombia no veía tantos crímenes asociados a una sola persona, atada a la historia de dolor de las últimas décadas en nuestro país.
A pesar de la arremetida de la fuerza pública para contrarrestar estos eventos violentos, estos narcoterroristas afectaron el bienestar a más de 100 municipios en 11 departamentos a través de 178 hechos armados que ocurrieron contra la población civil. Según el mismo Ministerio de Defensa, 187 vehículos de carga, alimentos, insumos agrícolas e industriales, particulares y de transporte público fueron incinerados. Además, cuatro vías principales fueron bloqueadas y ocho terminales de transporte también fueron afectadas. Dos militares también fueron asesinados y uno resultó gravemente herido. Sin embargo, la población civil fue la más afectada.
Pero la extradición de Otoniel es una muestra de la fortaleza de las instituciones colombianas y de la alianza con Estados Unidos. Sus efectos, sin embargo, son inciertos en el marco de la guerra contra el narcotráfico, que parece ser interminable.
