jueves, 21 de marzo de 2019
Política/ Creado el: 2019-01-10 09:02

Este será un año de grandes decisiones: Alejandro Linares

Glifosato, trabajadores sexuales y Jesús Santrich, son algunos de los temas que tendrá que resolver la Corte Constitucional; muchos de ellos, esperan ser resueltos antes de mediados del año.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | enero 10 de 2019

La Corte Constitucional iniciará labores el próximo viernes y su presidente Alejandro Linares habló de las decisiones que tendrán que tomar en este nuevo año. Decisiones, fuera de la elección de un nuevo presidente para el tribunal.

“Debemos decidir sobre el TLC con Israel y el Tratado bilateral con Francia; el tema del Bar Barlovento en el municipio de Chinácota en Norte de Santander; el tema de a quién corresponde los bienes no inventariados de las FARC. La demanda, muy importante del contralor Edgardo Maya contra el artículo 20 de la Ley de Infraestructura, y adicionalmente decidir unas demandas contra algunos artículos de la Ley 1922 que es la Ley de Procedimiento de la JEP, en particular los temas de pruebas y de la Sala de los militares”, señaló.

Sobre el Bar Barlovento, explicó, se trata de una tutela que no lograron resolver a finales de 2018 y que incluye el debate sobre el derecho de hombres y mujeres a ejercer la prostitución y ”hasta dónde puede llegar un Plan de Ordenamiento Territorial en relación con ese tema”. La discusión se zanjará, cree, en los primeros días de febrero, y con la participación del conjuez Martín Bermúdez.

Mientras tanto, la demanda del ex contralor contra la Ley de Infraestructura, tiene que ver con el artículo que obligaría a la Nación a reconocerle a contratistas lo ejecutado en un contrato que se anule, pese a ser por conductas ilícitas, y que dicen podría beneficiar a Odebrecht.

“Lo que tiene que determinar la Corte es que en los casos en los que se anule un contrato de concesión, cuál es la remuneración y cuál es el momento de compensación que se debe entregar a los distintos inversionistas y también es una demanda en la cual el Procurador ha pedido que lo tramitemos con urgencia, vamos a tratar de darle prioridad en el primer trimestre de 2019”, señaló.

Pero el año lo iniciarán con un debate sobre el glifosato, porque el Gobierno ha señalado su intención de plantear ante la Corte el uso de este químico nuevamente para acabar con los cultivos ilícitos y aprovecharán una audiencia que se realizará en los primeros meses de 2019.

“Igualmente está programado para el primer trimestre del año una audiencia pública sobre el tema de glifosato, es una audiencia de seguimiento a la última sentencia de la Corte sobre esa materia”, señaló.

Además, tendrán que resolver la tutela interpuesta por Jesús Santrich, quien no logró posesionarse como congresista por estarlo privado de la libertad, dado el pedido de extradición de Estados Unidos en su contra.

“Lo que se va a mirar es hasta dónde llegan los derechos políticos del ciudadano Jesús Santrich en la medida de que a pesar de estar privado de la libertad puede posesionarse en la Cámara de Representantes. Yo creo que en el primer trimestre se decide”, dijo.

Y las madres comunitarias seguirán en la agenda, pues “Hay dos aspectos diferentes: una, es una tutela relacionada con si ellos son o no empleadas del Instituto de Bienestar Familiar, ICBF, que estaba en cabeza del magistrado Alberto Rojas; hay otro tema que son unas objeciones presidenciales a una ley que establece que las madres comunitarias son empleadas del ICBF y podrán recibir un subsidio especial por parte del Estado equivalente al 95 % de un salario mínimo. Esas objeciones van a ser estudiadas el 23 de enero y posteriormente se decidirá la nulidad de la tutela”.

Al final del año, el que sea elegido presidente participará además en la elección del nuevo Registrador Nacional.

‘Cartel de la toga’, ´Petrovideo´ y Uribe vs. Cepeda

En junio del 2017, el país conoció uno de los escándalos de corrupción en la Rama Judicial más vergonzosos de su historia. Paradójicamente, y para rubor de las altas esferas de la justicia, el caso se destapó con la captura del fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno.

Según la Fiscalía, Moreno y el abogado Leonardo Luis Pinilla conformaron una organización criminal, que estaría integrada también por los exmagistrados Gustavo Malo Fernández, José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.

Este grupo ofrecía a aforados investigados por hechos de corrupción y nexos con grupos al margen de la ley (“parapolítica”) ayuda para que las investigaciones en su contra no avanzaran, no solo dilatando los procesos, sino moviendo en los medios de comunicación versiones para desacreditar a testigos.

Se espera entonces que el nuevo modelo de la Corte Suprema de Justicia para juzgar aforados decida, en doble instancia, si condena o absuelve a estos involucrados, investigados por concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato, tráfico de influencias y utilización de asunto sometido a secreto o reserva.

Todo lo anterior sin olvidar el caso del exmagistrado Jorge Pretelt, acusado de recibir dineros para favorecer los intereses de Fidupetrol en un trámite de selección de tutelas.

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