miércoles, 22 de mayo de 2019
Panorama/ Creado el: 2018-09-23 08:44 - Última actualización: 2018-09-23 08:49

Fui víctima de un falso positivo de la Procuraduría Provincial de Garzón: Amín Losada Losada

Cerca de 50 millones de pesos tendrá que pagar el municipio de Altamira al exalcalde de la localidad Amín Losada Losada quien reclamó una injusta remoción de su cargo por parte de la Procuraduría. En conciliación entre las partes se acordó el pago de la mitad de lo demandado.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | septiembre 23 de 2018

Como una forma de limpiar su dignidad y buen nombre, calificó el exalcalde de Altamira la decisión judicial que lo favoreció en la medida de Control y Restablecimiento de sus Derechos en un proceso que adelantaba contra el municipio de Altamira del cual fue suspendido de su cargo mucho antes de culminar su periodo de gobierno.

Amín Losada sostuvo que en su caso fue evidente la persecución política adelantada por la Procuradora Provincial de la época dirigida por Cristina Vásquez Rojas y algunos sectores políticos que no promulgaban con su proceder como alcalde de la localidad.

“Lo mío fue una persecución implacable porque no me preste a las pretensiones de algunos sectores y por ello me pasaron factura de cobro con una serie de procesos en contraloría, fiscalía y procuraduría” sostuvo.

Un largo proceso

Las diligencias judiciales que involucraron a Amín Losada Losada tuvieron su inicio en diciembre del año 2008, cuando el concejal del municipio Yesid Rodríguez, instauró una demanda contra el entonces alcalde de la localidad por la adjudicación de contrato, sin el lleno de los requisitos legales, para la siembra de 1.800 árboles en la zona de El Grifo y El Tigre, por un valor de $6.999.300

Por estos hechos, fue destituido en julio del 2011 y recibió una inhabilidad de 13 años por la Procuraduría Provincial de la época dirigida por Cristina Vásquez Rojas; en su momento Amín Losada Losada calificó el fallo de la Procuraduría como un falso positivo, afirmación que hoy día asevera ser verdad y que le ha dado la razón porque la funcionaria ya fue declarada insubsistente por la misma entidad.

Los hechos se remontan en el mes de agosto del  año 2015, cuando el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Garzón condenó a una pena de 68 meses de prisión al exalcalde del municipio de Altamira, Amín Losada Losada, por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de un proyecto millonario.

 “Como no me voy a sentir perseguido si en el aspecto penal el Tribunal Superior del Distrito Judicial en su Sala Primera de Decisión Penal, me decide absolver y luego la Contraloría Departamental también lo hace al verificar a través de una comisión especial que la reforestación realizada en las veredas El Tigre y El Grillo se realizó bajo los parámetros estipulados en el objeto del contrato” sostuvo el exmandatario.

Las reclamaciones

En dicho sentido y adelantando el proceso, Tito Alejandro Rubiano, Juez Séptimo Administrativo del Circuito Judicial explicó las razones de fondo de la decisión que favoreció al exmandatario y en la cual el municipio de Altamira le tendría que cancelar una suma cercana a los 50 millones de pesos.

El litigio entre el exalcalde Amín Losada Losada y el municipio de Altamira se inició desde 2014; desde entonces, el exalcalde comenzó a librar una batalla jurídica en pro de la defensa de sus derechos y también la restitución de las prestaciones y emolumentos dejados de percibir durante el tiempo que duró la suspensión provisional del ejercicio de sus funciones como alcalde municipal de Altamira y cuales fueron aproximadamente de seis meses.

La defensa del exalcalde alegó que la medida de suspensión provisional fue levantada en su momento por la Procuraduría y el efecto inmediato era el reintegro a su cargo con el respectivo pago de salarios reclamados, no obstante la defensa indicó que Amín Losada Losada no pudo reintegrase al estar inmerso en otro proceso.

En su momento, el municipio de Altamira alegó oponerse a dicha medida toda vez que con ocasión a las órdenes disciplinarias Amín Losada Losada nunca se había reintegrado y por tanto las prestaciones reclamadas nunca se causaron y las que les correspondían se cancelaron en su momento.

“El ente territorial, no es responsable de las decisiones emanadas por la Procuraduría General de la Nación mediante la cual, suspendió al demandante”

En ese sentido y teniendo en cuenta una serie de consideraciones que se han presentado en el proceso, Tito Alejandro Rubiano, Juez Séptimo Administrativo del Circuito Judicial decidió que al revocarse la decisión de suspensión el 23 de diciembre de 2011 y al no haberse proferido dentro del término legal máximo de suspensión antes del fallo disciplinario sancionatorio la situación de Amín Losada Losada se encuentra amparada por el Articulo 158 en concordancia con lo establecido en el parágrafo del Articulo 157 puesto que tanto por la revocatoria como por la decisión de primera instancia que solo fue proferida hasta el 12 de junio de 2012 hacen que de cualquier manera a Amín Losada Losada tenga derecho ya no a ser reintegrado ya que su periodo feneció el 31 de diciembre de 2011pero si a recibir la remuneración por el tiempo en que estuvo suspendido que fue entre el 2 de junio de 2012 y su materialización el 23 de diciembre de 2011.

“Por ello, es que el Juzgado ha considerado y así lo hará en la parte resolutiva declarar la nulidad de los actos administrativos objeto de control judicial” de igual forma el Juez añadió que como restablecimiento del derecho se condena al municipio de Altamira al reconocimiento y pago de toda aquella remuneración dejada de percibir por Amín Losada Losada durante el lapso que duró la suspensión provisional del cargo.

Ante la decisión judicial, el exalcalde señaló que no busca ni perjudicar al municipio ni enriquecerse a costa de los impuestos que pagan los habitantes de la localidad; solo quiere que le sea resarcido su buen nombre y es por ello que logró una conciliación ajustada a la realidad fiscal de la localidad de la cual fue alcalde en el periodo 2008 – 2011.

Una vez el municipio cancele los recursos al exalcalde, deberá utilizar la acción de repetición contra la Procuraduría General de la Nación y esta a su vez contra la exprocuradora para que responda por los errores cometidos.

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