El Ministerio de Justicia publicó un proyecto de decreto que establece que las personas privadas de su libertad con brazalete electrónico deberán pagarlo.
Según el documento, el costo del brazalete electrónico, cuya tarifa será determinada por el Gobierno Nacional, será sufragado por el beneficiario de acuerdo con su capacidad económica. Esto, cabe aclarar, “salvo que se demuestre fundadamente que el beneficiario carece de los medios necesarios para costearla, en cuyo caso estará a cargo del Gobierno Nacional”.
Al momento de la entrega del mecanismo de vigilancia electrónica, el beneficiario manifestará, bajo la gravedad de juramento, el monto que puede cubrir de la tarifa.
Agrega el proyecto de decreto que “la imposibilidad de pagar la totalidad o una parte de la tarifa no impedirá el acceso al mecanismo de vigilancia electrónica o la elegibilidad para su otorgamiento”.
El pago de la totalidad o de una parte de la tarifa se regirá por las siguientes reglas:
Se presumirá la falta de capacidad de pago cuando el beneficiario haga parte del Sisbén.
Se presumirá la falta de capacidad de pago, cuando el beneficiario no declare renta.
Se presumirá la capacidad de pago, cuando el beneficiario declare renta.
El Inpec, podrá realizar acuerdos de pagos parciales por parte del beneficiario, de acuerdo con la capacidad económica que este manifieste.
Al momento de la entrega del mecanismo de vigilancia electrónica, el beneficiario manifestará, bajo la gravedad de juramento, el monto que puede cubrir de la tarifa.
