Se trata de una acción preventiva en contra de grupos o personas listadas como terroristas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de cara a acelerar la extinción de dominio

En los próximos días se presentaría ante el Congreso de la República un nuevo proyecto de ley redactado por el Gobierno nacional con el objetivo de atacar a las organizaciones terroristas y de lavado de activos que operan en Colombia, al congelar directamente sus fuentes de financiamiento.

Dicha iniciativa hace parte del documento de ‘Política nacional antilavado de activos, contra la financiación del terrorismo y contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva’ presentado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ante el Consejo de Política Económica y Social (CONPES), el cual ya fue aprobado. El mismo requerirá de $10.392 millones entre 2021 y 2026 para fortalecer las acciones de prevención, investigación y sanción de estas acciones delictivas.

La idea, según Noticias 1, sería modificar algunos aspectos de la forma en la que se entiende el crimen de lavado de activos en Colombia, de forma que sea posible, entre otras cosas, congelar los bienes de dichos grupos terroristas con mayor facilidad, teniendo en cuenta que al atacar la base financiera de estos grupos, se minimiza el riesgo de que los recursos sean utilizados para fines ilícitos de mayor gravedad.

Hay que señalar que la creación del proyecto contó con intervención de entidades como la Unidad de Información y Análisis Financiero, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Sociedad de Activos Especiales y la mayoría de superintendencias.

Gracias a esto, explicó el DNP, se resolvió que “una de las estrategias va dirigida a mejorar la efectividad en ubicación y persecución de las armas de destrucción masiva en el país”, para lo que sería necesario promover la gestión de información permanente entre los actores del ALA/CFT (Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo) en Colombia, por medio del incentivo a la participación ciudadana en la prevención y denuncia de este tipo de conductas.

Para ello, agrega esa dependencia del Estado, “se requiere de nuevos y sofisticados instrumentos de análisis y seguimiento a las operaciones de los actores que intervienen en los distintos eslabones del lavado de activos y la financiación del terrorismo”. Dichas tecnologías se ajustarían a los estándares internacionales actuales.

En cuanto al congelamiento de bienes, el documento CONPES recuerda que en la actualidad se trata de una acción posible únicamente con la expedición de una orden judicial que determine la legalidad del congelamiento, y en desarrollo de un convenio interadministrativo suscrito entre la UIAF, la FGN, la Superintendencia Financiera de Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Es decir, no hay forma de congelar un bien de manera expresa, a menos que se demuestre que pertenecen a una persona penalmente responsable de un delito o que los mismos sean producto de una actividad ilícita y que hayan sido utilizados para la ejecución de esta o sean el objeto material de la misma.

Así las cosas, lo que se buscaría es proponer un proyecto de ley que permita “el congelamiento preventivo de activos de personas designadas como terroristas por el CSNU (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas), con el objetivo de reformar el procedimiento de extinción de dominio para que se permita un congelamiento eficaz”.

De igual forma, el CONPES propone crear otros cuatro proyectos de ley en diferentes frentes, como la obligatoriedad de la debida diligencia del cliente por parte de todas aquellas personas jurídicas y naturales que declaren impuestos, con el objeto de identificar posibles transacciones por parte de grupos terroristas; la adopción de medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción; y la ampliación los delitos fuente del tipo penal de lavado de activos hacia algunos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.