Por Ernesto Cardoso Camacho

Dentro de los diversos fines esenciales a cargo del Estado adquiere especial relevancia la prestación continua y eficiente de los servicios públicos domiciliarios de agua potable, alcantarillado, recolección y disposición de residuos sólidos, energía eléctrica y gas.

Es necesario destacar que todos ellos tienen una especial relación con el buen uso y conservación de los recursos naturales para garantizar el equilibrio ecológico.

La industrialización promovida por el desarrollo económico financiado por los grandes conglomerados bancarios y del capitalismo financiero se ha convertido en la peor amenaza para la estabilidad ambiental, ecológica, social y cultural del hombre moderno.

En este amplio contexto, la prestación de los servicios públicos domiciliarios constituye una prioridad de primer orden para atender la creciente expansión urbana que se aglomera en las grandes urbes, y en las ciudades grandes, medianas y pequeñas que hoy concentran el 75% de la población mundial.

En nuestro país, la Constitución del 91 señaló en sus artículos 78 y 365 los criterios orientadores para que el Estado asumiera sus responsabilidades en la regulación, prestación y control de tales servicios; los cuales han terminado siendo delegados para su prestación, por voluntad del legislador, en comunidades organizadas pero muy especialmente en personas jurídicas estatales o privadas, desde la expedición de la ley 142/94 y sus normas complementarias y decretos reglamentarios.

La experiencia durante estos 26 años de tal vigencia normativa viene demostrando que, por una parte, las empresas estatales han sido cooptadas por la politiquería y la corrupción dado que han convertido a las eses de servicios públicos en las cajas menores de gobernadores y alcaldes, abusando del régimen jurídico especial de contratación que les asignan la ley y sus propios estatutos; pero por otra parte; la cobertura, calidad y continuidad ininterrumpida de los servicios no cumplen los estándares exigidos por las normas técnicas en salubridad, eficiencia y eficacia.

Es inaceptable por ejemplo que todavía en muchas ciudades de Colombia el agua para consumo humano no es suficientemente potable por la falta de plantas de tratamiento; que en el servicio de alcantarillado no se traten las aguas residuales antes de ser vertidas o dispuestas a los ríos y quebradas; que la recolección de las basuras o residuos sólidos se estén disponiendo a cielo abierto por la ausencia de rellenos sanitarios o lagunas de oxidación y/o tecnologías modernas que eviten la aguda contaminación de suelo, agua y aire.

En relación con la energía eléctrica, aunque la cobertura ha sido ampliamente mejorada, todavía existen muchas zonas rurales en el país que no cuentan con ella; pero la calidad y continuidad del servicio sigue ofreciendo deficiencias en cortes no programados que afectan a muchos usuarios y ocasionan impactos negativos en la productividad económica.

Quizá de los mejores de tales servicios públicos es sin duda el de gas que viene ampliando su cobertura y contribuyendo eficazmente en el tema ambiental así como en el desarrollo económico y la calidad de vida de los ciudadanos.

No es de extrañar entonces que la ciudadanía neivana haya expresado su enorme malestar con la propuesta de las Empresas Públicas de obligar al cambio de medidores sin justificación técnica ni legal, imponiendo además unos precios muy superiores a los del mercado, decisión que tiene alto contenido de politiquería y corrupción en una empresa que sigue siendo la caja menor de la alcaldía para el favorecimiento y pago de servicios electorales del alcalde y de los concejales.

Se agrega ahora un componente adicional del servicio de energía como es el de alumbrado público, proyecto de la alcaldía y del concejo, el cual tiene un indiscutible tufillo de politiquería y corrupción de acuerdo a lo que se conoce de tal iniciativa.

Para garantizar la eficacia y transparencia en la calidad de los servicios públicos es indispensable y urgente que, a pesar del marasmo de la pandemia, se active con vigor la participación ciudadana que ejerza un verdadero control en defensa de sus propios intereses, pues ni la Superintendencia respectiva ni los órganos de control, también infestados de politiquería, no cumplen su deber legal y sus responsabilidades funcionales.