José G. Hernández
En menos de un mes tendrán lugar en Colombia los comicios para elegir a quienes habrán de integrar el Senado de la República y la Cámara de Representantes durante los próximos cuatro años. Y en mayo serán elegidos presidente y vicepresidente de la República.
Infortunadamente, como ya lo hemos expresado, las campañas no se han distinguido propiamente por la transparencia, la claridad, la lealtad, el mutuo respeto, el debate ideológico, la formulación de propuestas, programas o proyectos con miras a la solución o alivio de los graves males, problemas y conflictos que afectan a nuestra sociedad. Han predominado el populismo, la superficialidad, la presentación de lemas sin contenido, y hasta la solidaridad oportunista entre candidatos con perniciosas y delictivas prácticas como la compra de votos.
Diríase que, contra lo que se espera de una auténtica democracia, durante este proceso electoral lo que menos ha importado es la posición de los aspirantes frente a lo que está pasando en el país y ante las prioridades, necesidades y solicitudes del pueblo, que, se supone, como titular de la soberanía, es el llamado a conferirles un mandato programático. De las personas cuya selección será votada el 13 de marzo -senadores y representantes- se esperaría, entonces, que asumieran la representación y vocería de los gobernados, de sus intereses y reclamos. Son muy pocos los que han expuesto algo coherente, serio, fundamentado, creíble y realista contra la violencia imperante, la corrupción, el delito, el despilfarro de recursos públicos, o en procura de mejorar las cosas en materia de educación, salud, justicia, alimentación, igualdad, derechos, protección y seguridad.
Hace falta la ética política.
Otro fenómeno que cabe destacar: la mayor parte de lo que se está conociendo sobre hechos punibles, corruptelas e impunidad -de distintos sectores políticos y de la administración pública- se sabe no por la actividad de los entes estatales correspondientes, sino gracias a las investigaciones, el estudio y la divulgación por parte de los periodistas y los medios de comunicación. Ello explica que recientes iniciativas legislativas -afortunadamente fracasadas- hayan intentado amedrentar al periodismo e imponer mordazas, con el objeto de impedir el conocimiento público sobre tantas cosas oscuras, que han causado enorme daño a la sociedad colombiana.
¿Qué pasa por regla general ante las denuncias? Solo después de los correspondientes escándalos aparecen los altos funcionarios en televisión y en videos, anunciando que “todo el peso de la ley” caerá sobre los responsables; que el Gobierno no permitirá que los hechos se repitan; que las investigaciones se llevarán “hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”. Ninguna de esas consecuencias se concretará después, porque nos hemos acostumbrado a que prevalezcan las apariencias y, como unas noticias son rápidamente sustituidas por otras, todo pasa y todo se olvida.
Lo que hace la administración consiste -a veces- en destituir o suspender a los servidores comprometidos, pero a los de rango inferior. Los de jerarquías superiores no renuncian, no son separados de sus cargos, ni se les deduce responsabilidad política. Vienen después las tretas de los abogados defensores, la casa por cárcel y el vencimiento de términos.
En este campo también hace falta la ética profesional y pública.
