sábado, 22 de septiembre de 2018
Primer Plano/ Creado el: 2018-04-15 10:17 - Última actualización: 2018-04-15 10:24

Hasta ex dirigentes políticos se beneficiaron del cartel de las pensiones

El desfalco de más de 10.000 millones de pesos al Fondo Territorial de Pensiones del departamento, dejó en evidencia la existencia de un ‘cartel’, integrado por funcionarios de la Gobernación del Huila que estaría detrás de estos delitos. Segunda parte de este especial investigativo.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | abril 15 de 2018

FELIPE GONZÁLEZ
INVESTIGACIÓN DIARIO DEL HUILA

EL 7 de julio de 2017, las denuncias hechas por la Contraloría Departamental sobre el posible detrimento patrimonial al Fondo Territorial de Pensiones del Huila, empezaron a dar resultados en lo penal. Ese día, la opinión pública conoció que siete de las 52 personas que hasta ahora el ente de control ha encontrado, pueden ser más, que se beneficiaron de pensiones tramitadas de forma irregular, fueron capturadas por su participación en el ilícito.

Se trataba del primer golpe que daban las autoridades a una serie de personas que estarían inmersas en una de las más grandes redes de corrupción, falsificación de documentos y desfalco al erario público, encontradas en el departamento en los últimos años. María Elma Valderrama, María Hilda Fierro, Delio Gutiérrez Murcia, Jaime Antonio Correa Velásquez, María Ilda Méndez Torres, Gentil Cortés Manrique y Carmen Delia Barrios Pacheco, se convertían en los primeros rostros visibles de una operación hecha por más de 10 años dentro de la Gobernación del Huila, y con la que se habrían apropiado de manera irregular de más de 10.600 millones de pesos.

Sin embargo y aunque sólo son la punta del iceberg, (7 de 52) su captura puso a temblar toda una organización que existió detrás.

Aunque las auditorías practicadas por la Contraloría sólo evidencian unas irregularidades que conllevarían a un detrimento patrimonial, si así lo determina el juicio de responsabilidad fiscal, también pone en manifiesto un trabajo articulado, calculado y constante, hecho a lo largo de al menos una década, por parte de un grupo de funcionarios públicos, quienes además de ser los autores materiales de estos delitos, serían también los cerebros.

Participación de funcionarios

Y ese es quizás el reto mayor por parte de la Fiscalía en esta segunda parte de la investigación, a partir de las auditorías conocidas. Determinar si existió un concierto para delinquir entre dichos funcionarios, para realizar de forma periódico y metódica, la falsificación de documentos y emisión de certificados, resoluciones y decretos de forma irregular, para garantizar el pago de pensiones a particulares. Es decir, aunque los beneficiarios de estas mesadas tienen una responsabilidad, en el sentido de haber participado del ilícito y haber cobrado los recursos a lo largo de estos años, también existiría toda una ‘mafia’ o un ‘cartel’ de pensiones, configurado por personal adscrito a la Gobernación del Huila, que se habría encargado de abordar a estas personas en edad de jubilación, y ofrecerles el trámite y aprobación de sus mesadas pensionales de manera segura.

“No podría hablar de un cartel pero sí había una serie de personas que estaban detrás de estos documentos, de los certificados y actos administrativos, pero nuestra investigación no llega allá”, dijo la Contralora Departamental.

Para ello la Fiscalía ha avanzado en indagatorias y recopilación de testimonios que le darían validez a dicha teoría. Incluso en su momento, se le pidió a la Gobernación del Huila, emitir pagos a través de cheques y no de consignaciones, para poder identificar las personas implicadas. En estas acciones, Diario del Huila conoció que hay una persona que fue beneficiaria de una pensión, y que está siendo buscada por las autoridades para conocer su versión de los hechos, atraídos por una particularidad y es que nunca ha cobrado una sola mesada de dicha jubilación.

Casos como estos está analizando la Fiscalía para realizar nuevas capturas y responsabilidades. Incluso se cree que con la última auditoría realizada por la Contraloría Huila, donde se evidenció un desfalco mayor, superior a los 6.000 millones de pesos, se podrían conocer resultados en los próximos días. Así lo anunció el director de Fiscalías en el Huila, Justino Hernández,  “nosotros ya actuamos sobre ese caso, estamos procesando servidores públicos. Conocemos  que el Fondo Territorial  de Pensiones han venido siendo defraudado. La Fiscalía el año pasado mostró antes los jueces una defraudación por más de cuatro  mil quinientos millones de pesos y continúa en esa labor porque la Contraloría Huila, constantemente nos  reporta más pensionados que utilizan  documentación falsa, han logrado hacerse al reconocimiento dela pensión y al pago. Eso es una constante que tiene el departamento y que estamos desde la Fiscalía atacando”. Agregó que este será uno de los temas que abordará en los próximos días el Fiscal General de la Nación en su visita a Neiva, donde presentará avances de los casos más relevantes de corrupción en el departamento.

Por ahora se sabe que las personas capturadas (beneficiarios todos), están siendo procesadas por los delitos de fraude procesal, en concurso con uso de documento falso y peculado por apropiación.

Defraudación mayor

Encontrar 23 casos en la primera auditoria especial realizada por la Contraloría, podría significar descubrir nuevos casos. Por esta razón el año anterior, la contralora Adriana Escobar Gómez, ordenó una nueva auditoría, para tratar de identificar nuevos fraudes. El resultado fue igual o más preocupante que el primero: 28 nuevos casos en los que se habrían entregado mediante trámites irregulares, más de 6.200 millones de pesos en pensiones entre el mismo periodo de tiempo: 2001 y 2011.

Así mismo, se identificaron dentro de estos casos, unas reclamaciones de mesadas atrasadas por 833 millones de pesos, lo que indica, que más de 7.000 millones de pesos se habrían detectado que se apropiaron esta vez, lo que sumado a los 3.500 millones identificados en la segunda auditoría y 250 millones de la primera, evidencian un desfalco de más de 10.600 millones de pesos.

De los recursos logrados a través del pago de mesadas atrasadas, hay que decir que para efectos de la responsabilidad fiscal, por tratarse de un hecho de ejecución instantánea, operó el fenómeno jurídico de la caducidad, razón por la cual la Contraloría ya no podrá adelantar un proceso de responsabilidad fiscal. No obstante sí podrá realizarlo la Procuraduría y la Fiscalía, a quienes el ente de control fiscal ya emitió copias de esta nueva auditoría, terminada en diciembre del año anterior.

“Cada vigencia hemos ampliado la muestra de revisión de actos administrativos de reconocimiento fiscal y el año pasado para la vigencia 2017, iniciamos una nueva auditoría entre los actos de los años 2006 y 2011, allí encontramos que se hallaron más de 20 casos también para un total de 51 casos por todos, que superan los 10 mil millones de pesos, dineros sobre los que aún podemos recuperar porque son platas que se entregan mes a mes por lo tanto  allí no aplica el fenómeno de la caducidad. Sin embargo hay otros valores que superan los 1400 millones de pesos que se cancelaron por retroactivos, y sobre esos ya no tenemos posibilidad de recuperarlos en un proceso de responsabilidad fiscal”, explicó la contralora Escobar Gómez.

Dirigentes políticos

De los 10.600 millones de pesos que fueron apropiados, llama la atención que casi un 20% de ellos, quedaron en manos de dos ex dirigentes políticos de la región. Se trata de dos ex diputados del departamento, quienes justificaron parte de su tiempo, necesario para asegurarse la pensión, con documentación falsa. Uno de ellos, ex presidente de la Duma, ostenta la mesada más alta entre los casos encontrados. Aproximadamente cada mes, incluídas las primas de junio y diciembre, el ex diputado recibe una pensión de 6 millones 261.000 pesos, lo que se convierte desde junio de 2001 que salió su resolución de pensión, a octubre de 2017, en un total de 1.339 millones 904.909 pesos recibidos. También reclamó mesadas atrasadas por 138 millones de pesos.

Su caso fue particular. El exdiputado presentó dos certificados laborales con los que evidenció que aparentemente cumplió con el tiempo laborado. De ellos, sólo uno se pudo confirmar, donde se evidenció con certificaciones de liquidación de cesantías, actas de posesión y demás, que efectivamente se desempeñó como diputado del departamento. “No obstante, los soportes del tiempo laborado como Auxiliar de topografía e inspector de vías de la Secretaría de Obras Públicas (1956-1970) registrados en el Certificado laboral del 12 de Junio de 2001, expedido por la Profesional responsable de esta área en la Secretaría General, no existen, luego entonces esta información presuntamente no corresponde a la realidad”, señal la auditoría. Por esta razón se determinó un posible daño patrimonial en su caso que busca llevar a un fallo de responsabilidad fiscal.

De igual forma sucedió con el otro dirigente, cuya resolución de autorización del pago de pensión se emitió en junio de 2002. En ella se certificó que el ex diputado trabajó desde 1966 hasta el año 2001 de forma ininterrumpida, vinculado a la función pública. No obstante la auditoría sólo pudo corroborar que en efecto sí trabajó en los cargos que desempeñó entre 1970 y el año 2000, en la Asamblea del Huila, Secretaría General, Contraloría Departamental, municipio de Isnos, entre otros. Entre tanto, los cargos desempeñados entre el 1 de enero de 1966 hasta el 30 de junio de 1970, donde al parecer laboró con el Departamento, “conforme al certificado del 4 de octubre de 2001, teniendo en cuenta que no se encontraron (Decretos de nombramiento, actas de posesión, nóminas, expediente de cesantías), permitiendo inferir, que esta información al parecer no corresponde a la realidad”, dice el documento. En ese sentido, la resolución de su pensión no es válida, teniendo en cuenta que no cumpliría con la totalidad del tiempo laborado y necesario para acceder a su pensión. Por esta razón se configuró un presunto daño patrimonial de 667 millones 653 mil pesos, por mesadas pagadas entre junio de 2002 a octubre de 2017.

Aunque Diario del Huila ya conoce la identidad de los dos implicados, no revela su nombre por estar inmersos dentro de la investigación penal que adelanta la Fiscalía en su contra, para determinar su responsabilidad en estos hechos.

Elementos comunes

De la nueva auditoría llaman la atención que algunos elementos se repiten, como por ejemplo que muchas resoluciones de nombramientos que se adjuntaron en el proceso de reconocimiento de pensión, terminaron en la nomenclatura BIS; que utilizaron varias veces más el cargo de inspector de policía en corregimientos apartados, conserje, guarda de seguridad, auxiliar de cocina, entre otros, de no mucha figuración, para justificar un tiempo laboral que les faltaba a los beneficiarios; y que en algunos casos donde se identificó el fraude, se encontró que no existían elementos suficientes de justificación del desempeño de un cargo, salvo un certificado o nombramiento falso.

Lo que sigue

Este año la Contraloría Huila podría ordenar una nueva auditoría, según anunció su titular Adriana Escobar. Sin embargo no se sabe si esta arrojará iguales resultados, o por el contrario no existan más casos identificados. Lo que sí es cierto, es que actualmente los casos de las dos primeras auditorías, apenas se encuentran en la primera etapa del juicio de responsabilidad fiscal, procesos que pueden tardar años antes de conocer fallos definitivos que permitan la recuperación de los recursos. Los trámites, las trabas interpuestas por los abogados defensores para dilatar los procesos a través de recursos interpuestos, entre otros elementos, podrían extender aún más estas definiciones. Sin embargo, al margen, la Procuraduría y la Fiscalía, trabajan para hallar responsabilidades penales y disciplinarias.