Por: Alba Diela Calderón Parra
En nuestro país la corrupción se ha convertido en la principal preocupación de toda la ciudadanía y de todos los estamentos de la sociedad, por cuanto es uno de los mayores obstáculos al desarrollo, para mejorar la calidad de vida de las personas y aumentar la prosperidad. Es definida como el abuso del poder para beneficio propio en detrimento de los intereses colectivos, demostrando que a mayores niveles de corrupción menor es la calidad de vida de los habitantes de un país y menores indicadores de inversión en salud, educación e infraestructura; condiciones necesarias para propiciar el crecimiento económico.
Todo acto de corrupción se enmarca en la oscuridad de la ilegalidad; la transparencia y el acceso a la información es la luz que irrumpe esta oscuridad. La cualidad de un gobierno, empresa, organización o persona es de ser abierta en la divulgación de información, normas, planes, procesos y acciones y ser coherente entre las declaraciones y las realizaciones. Es preciso que nuestros comportamientos y las decisiones que tomemos estén orientados a la lucha contra la corrupción. Es romper con el refrán popular “Hecha la Ley, hecha la Trampa.
En el estudio “ Lucha Integral Contra la Corrupción en Colombia”: Reflexiones y Propuestas, publicado en 2018, un grupo de analistas, bajo la dirección de Fedesarrollo, con Guillermo Perry Víctor Saavedra y Fernando Cepeda Ulloa a la cabeza, seguidos de cerca de diez personalidades no menos representativos, además de ilustrar la importancia del problema de la corrupción para el desarrollo económico de los países, describir la evolución de las percepciones de corrupción en Colombia y su impacto sobre la confianza de los ciudadanos en las instituciones nacionales, explicar los canales a través de los cuales la corrupción afecta el crecimiento económico y la legitimidad del Estado, así como los factores que determinan los niveles de corrupción en un país, aportan algunos elementos claves de una posible estrategia anti-corrupción efectiva para Colombia.
Plantea este trabajo que en el caso colombiano cualquier estrategia efectiva requiere, cuando menos: 1. Una reforma a nuestro sistema de justicia, control y supervisión de la acción pública, para reforzar los elementos disuasorios; 2. Una reforma electoral y una mayor transparencia y competencia en los procesos de contratación y licitación pública, que limiten las enormes oportunidades de corrupción que, conjuntamente con la debilidad o captura de los instrumentos punitivos para las violaciones de la ley electoral y la corrupción administrativa, han llegado a generalizar el círculo vicioso de “tú me financias mi campaña electoral y yo te pago con contratos públicos”. Este círculo vicioso caracteriza hoy buena parte del accionar político y la administración pública en nuestro país, por lo cual estas reformas y las de los elementos disuasorios deben poner especial atención a su impacto sobre el funcionamiento de la política, la contratación y la supervisión y control, especialmente a nivel regional; 3. Un compromiso efectivo de los gremios, asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y partidos y movimientos políticos, en promover un cambio de conducta entre sus afiliados y agremiados y una menor tolerancia de la sociedad ante los hechos de corrupción. Recomienda que los Centros de Pensamiento dediquen más atención al examen y comprensión de esta problemática y que el Gobierno establezca una Comisión Asesora de expertos nacionales e internacionales con el mandato de elaborar una estrategia integral detallada contra la corrupción y se comprometa a llevar a cabo sus recomendaciones.
“Integridad es hacer lo correcto aunque nadie este mirando” (Jim STowal )
