Por: Álvaro Hernando Cardona González

La mayoría de quienes protestan hoy día, son jóvenes. Muchas razones por las que lo hacen son innegables e irreprochables: necesitamos mejorar en cobertura y calidad educativa, aumentar el empleo y adoptar políticas y acciones para el “primer empleo”, mejorar el servicio público de justicia (más meritocracia, rapidez, acervo probatorio, sentido común, etc), racionalizar el Gobierno (ejemplo: menos embajadas, consulados, y consejeros,), racionalizar las entidades territoriales (nadie las menciona, pero allí hay mucho por hacer y tienen mucha responsabilidad de lo que pasa: racionalizar el gasto, impedir infracciones, la justicia municipal) y varias otras. Así que hay dejar las vanidades y escuchar a los protestantes.

 

Pero aunque apoyamos las iniciales razones de protesta (ver columnas Reflexiones sobre otra protesta (I) y (II) publicadas los días 1 y 8 de mayo respectivamente), esto pasó a otra cosa, que digamos la verdad, fue porque se aprovechó por quienes dicen combatir la politiquería y terminaron haciéndola vilmente.

 

Pero es manifiesta la incoherencia de la protesta hoy día. Por ejemplo, es evidente: 1. Quieren cambiar la política actual, pero quienes la estimulan hacen parte del poder público: son alcaldes, son gobernadores, son servidores públicos (la mayoría de los docentes, por ejemplo) o, peor, son parlamentarios que tienen en sus manos la posibilidad de cambiar leyes ineficientes o presentar proyectos de ley de interés general y no lo hacen. 2. Esos candidatos dicen que quieren hacer política diferente, pero hacen exactamente lo que los otros hacen. Servirse a sus propios intereses sin importarles la seguridad alimentaria, la salud, los derechos inalienables de los demás. Hacen y dicen cosas que segregan, dividen o polarizan, para obtener votos. Todos buscan votos, no bienestar nacional. 3. Dicen que hay dictadura, pero como acabamos de decirlo, están en el poder o cargos públicos y no han renunciado a ellos. Hoy son parte de la dictadura, si esta existe. Tenemos tal rama judicial independiente que la protesta es protegida y hasta se ordena desarmar a las autoridades uniformadas de policía; la oposición ocupa varias gobernaciones; los líderes de la oposición no están en la cárcel como ocurre en Nicaragua, Cuba o Venezuela (para sólo mencionar vecinos). Más aún, desde hace tres años, el candidato opositor derrotado en las urnas tiene escaño en el Congreso (así no presente un proyecto de ley) y está en plena campaña política y ni siquiera denunciado como le ocurriría a cualquier servidor público. Hay más de siete alcaldes de grandes ciudades que pertenecen a la oposición, empezando por la capital del país: es más de un cuarto de la población gobernada por esta y unos lo hacen bien. (Seguirá)