Se siguen presentando situaciones desconcertantes en las diferentes decisiones judiciales contra los actores delincuenciales, que diariamente están reincidiendo y con lo cual están afectando el bienestar de las familias colombianas. Para una democracia, la existencia de un aparato de justicia justo, transparente y eficiente es un asunto de elemental supervivencia. La certeza de contar con un sistema legal que garantice la resolución de las diferencias sin más miramientos que los escritos en la Constitución y la Ley es una de esas bases que permiten que las sociedades y las naciones sigan adelante.
En el Índice de Estado de Derecho de Word Justice Project, Colombia ocupa el puesto 77 entre 128 países, lo que es solo la punta del iceberg de las reformas pendientes que necesita el país en materia de justicia penal.
Tal es el caso acaecido recientemente en el departamento. El mismo día, cuando un hombre cometió el intento de feminicidio, se entregó voluntariamente a la policía, no se pudo legalizar la captura y durante varias horas estuvo vigilado, mientras un juez expedía la orden de captura, pero increíblemente pese a la gravedad del ataque, solo fue firmado 70 horas después. El agresor hasta entonces era libre, no había nada en su contra y los investigadores de la Sijin no pudieron vigilarlo más, o serían denunciados por la defensa, por violación a la privacidad. Ante la decidía de la justicia pudo huir y ahora se desconoce su paradero.
Y que tal el otro episodio que se le puede adicionar a este panorama, el individuo que asesinó a seis personas y le otorgaron la casa por cárcel y el que quemó a su pareja con thiner y un Juez tomó la misma decisión. Absurdo que esto suceda cuando se busca eficacia en las decisiones judiciales. Así como este abominable episodio, hay miles en el país, sin ser resueltos.
Las cifras hablan por sí solas: Durante 2019, por cada 10 procesos que entraron efectivamente a la rama judicial se evacuaron aproximadamente ocho, los dos restantes terminaron en inventario; por tanto, el sector cerró ese periodo con un inventario total de 1,9 millones de procesos. La mora judicial constituye la principal barrera de acceso a la justicia en el país y configura una puerta de entrada al fenómeno de la impunidad. Actualmente, 74% de los procesos que cursan su trámite en el Sistema Penal Acusatorio es archivado, en mayor medida por imposibilidad de identificar a la víctima o al victimario de la conducta
Es dramático saber que solo 5% de las diligencias en la justicia penal culmina en sentencia judicial. Ojalá haya respuesta pronto a esta problemática, así como una acción eficaz y contundente de la justicia.
