“Hay una expansión del ELN en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19″, según lo estableció el Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, la cual aseguró, además, que los planes criminales de control y recuperación territorial del ELN son un obstáculo para su trabajo y la consolidación del Acuerdo Final de Paz.

En 15 municipios priorizados por la Jurisdicción, donde actualmente avanzan las labores de exhumaciones y diligencias forenses, se presentaron 17 hechos violentos (entre el 25 de enero y 07 de febrero) que pusieron en riesgo a las comunidades, su derecho a la verdad y a la no repetición, precisó la JEP en un comunicado.

De acuerdo con el segundo informe de 2021, hay una tendencia hacia la reactivación del conflicto en las zonas a las que ha llegado el grupo guerrillero. Según el periodo analizado, esta misma guerrilla es el factor de mayor riesgo de ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos. Esto, sin contar otras estructuras como el Clan del Golfo, que se disputan a sangre y fuego el control de los territorios.