sábado, 22 de septiembre de 2018
Contexto/ Creado el: 2018-08-13 02:51 - Última actualización: 2018-08-13 02:54

JEP revisará con ‘lupa’ casos de violencia contra indígenas

El informe presentado a la JEP pone de manifiesto 230 mil afectaciones individuales y colectivas a los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado, precisó en el acto, Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | agosto 13 de 2018

Un informe que da cuenta de los 34 pueblos indígenas que se encuentran en vía de extinción, como consecuencia del conflicto armado y la violencia que continúa, pese al acuerdo de paz firmado con las Farc, presentó la Organización Nacional Indigena de Colombia, ONIC a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

En la presentación del documento, la ONIC advierte que “con este informe queremos demostrar que en Colombia existe sistematicidad y continuidad del exterminio hacia los Pueblos Indígenas por parte de todos los actores del conflicto armado interno, que aquí sigue ocurriendo un etnocidio, porque continúan los asesinatos, las amenazas, las estigmatización, el señalamiento de nuestros proceso de reivindicación de derechos, la ocupación, contaminación, explotación de nuestros territorios, el reclutamiento, masacres, torturas, la discriminación y la exclusión”.

Agrega que “todo esto sustenta que han sido nuestros Pueblos Indígenas los que mayormente han sufrido el conflicto armado interno en Colombia al igual que el territorio, reconocido como víctima en el Decreto 4633 de 2011”.

“Este informe que le presentamos a la JEP pone de manifiesto 230 mil afectaciones individuales y colectivas a los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado”, precisó en el acto, Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC.

“Esperamos que las investigaciones que surjan de este informe cuenten con el enfoque étnico y de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural”, agregó.

“Hay esperanza”

Por su parte, Aida Quilcue, consejera de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia, destacó que el informe “contiene la esperanza que representa los sueños de reconciliación, justicia y verdad de nuestros territorios”.

A su turno, la presidenta de la JEP Patricia Linares dijo que estos informes significa para el organismo “un enorme reto de administrar justicia restaurativa”.

“Tenemos muchos insumos y con esta entrega a la Sala de Reconocimiento de la JEP se constituye uno muy importante que nos pone de presente el reto de administrar justicia restaurativa”, puntualizó.

Mientras tanto, Belkis Izquierdo, magistrada de la sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP,, consideró que “este es un día histórico en el que la ONIC (Organización Nacional Indigena de Colombia) nos presenta este primer informe que activa las funciones y la capacidad de investigación de nuestra sala”.

La ONIC explica en el documento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgao un total de 19 medidas cautelares a favor de diferentes pueblos indígenas en Colombia, con el fin de proporcionarlos elementos necesarios para que se investigue hasta lograr la verdad plena de los hechos violatorios de los derechos humanos y las infracciones del Derecho Internacional Humanitario contra los Pueblos Indígenas, se sancionen a todos los implicados con especial énfasis en los máximos responsables, se repare a todos los Pueblos Indígenas que fuimos víctimas y se garantice la no repetición de hechos atroces, que nos han llevado a estar en vías deextinción física y cultural desde el año 1996 al 2018,

Los pueblos amparados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son los siguientes: Embera Katío y Chamí, Zenú, Kankuamo, Awá, Wayúu, Siona, Wiwa, Nasa, Wounaan, Pijao, Misak, Yanaconas, Eperara Siapidara y Totoroes y Desde el año 1996 al 2018. Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha otorgado un total de 2 medidas provisionales a favor de los Pueblos Indígenas Kankuamo y Zenú de Colombia.

En el informe también precisa:

La coyuntura actual del país nos ha llevado como siempre a movilizar la palabra, esa palabra dulce de los pueblos y comunidades que queremos contar desde nuestras propias voces, nuestras propias vivencias y nuestras propias cosmovisiones; es decir, contar nuestra propia historia desde el corazón de lo que nos ha pasado y nossigue pasando en los tiempos de la implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

El movimiento indígena liderado por la ONIC y con el apoyo de otras organizaciones étnicas del país como los Afrodescendientes, logramos incluir en el documento del Acuerdo Final de Paz, un Capítulo Étnico, que es trasversal a todo el Acuerdo de Paz, en dicho Capítulo insistimos en que nuestros pueblos, como lo hemos manifestado en todos los escenarios, deben ejercer la participación política como sujetos de derecho tanto individual como colectivos, en la construcción de esa paz estable y duradera que anhela el país. Por lo anterior la ONIC le entrega a la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-a través de la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, el informe sobre las múltiples vulneraciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado de las que hemos sido víctimas los Pueblos Indígenas de Colombia y nuestras comunidades.

Consideramos que este primer informe ayudará a la –JEP-para que inicie y adelante los trámites pertinentes y correspondientes en materia de investigación y sanción de los hechos violatorios de los derechos humanos e infracción de derecho internacional humanitarios cometidos contra los Pueblos Indígenas de Colombia en el marco del conflicto armado.

Este informe será uno de los dispositivos claves para activar nuestra participación directa como sujetos procesales étnicos en la JEP.

Por lo tanto, con el fin de proporcionarlos elementos necesarios para que se investigue hasta lograr la verdad plena de los hechos violatorios de los derechos humanos y las infracciones del Derecho Internacional Humanitario contra los Pueblos Indígenas, se sancionen a todos los implicados con especial énfasis en los máximos responsables, se repare a todos los Pueblos Indígenas que fuimos víctimas y se garantice la no repetición de hechos atroces, que nos han llevado a estar en vías deextinción física y cultural, con fundamento en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, en particular el numeral 48 literal C, del Acuerdo de Paz, hacemos entrega de los siguiente:

1.Caracterización de los Territorios Indígenas de Colombia: El presente escrito es un esfuerzo de la ONIC por caracterizar y documentar desde el ámbito: organizativo, geofísico, demográficos, institucional, jurídicos y de conflicto armado, las realidades de los resguardos indígenas en Colombia. Esta información fue recogida desde los planes de vida de cada uno de los resguardos caracterizados. El ejercicio de caracterización se realizó en 26 departamentos, y 702 resguardos.

2.Sistema de Información de las afectaciones individuales y colectivas de los Pueblos Indígenas de Colombia(Sistema de información construido conjuntamente con el Observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica para el Informe Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia):El Sistema de Información del informe General de Afectaciones a Pueblos Indígenas sistematiza casos de crímenes de lesa humanidad y de guerra asociadas al conflicto armado contra los Pueblos Indígenas en Colombia, lo que evidencia graves violaciones a los Derechos Humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

En la tercera fase, se cruzó la base de datos consolidada ONIC con la del Observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y en la cuarta fase, se contrastó dicha información con la base de datos de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y se procedió a depurar los registros e incluir las modalidades que no se habían documentado, todo ello, a partir de los datos de la ONIC.

Dentro del Sistema de Información se pueden observar alrededor de 29.098 hechos de victimización que se han cometido contra Pueblos Indígenas y sus individuos , entre los que se encuentran: secuestro, violencia sexual, desplazamiento, confinamientos, minas antipersonales , masacres, torturas, asesinatos selectivos, entre otros; con víctimas de los Pueblos Indígenas: Kurripaco, Andoque, Macuna, Sáliba, Karapana, Guahibo, Tubú, Emberá Eyábida (Katío), Hitno, Yucuna, Piapoco, Wenaiwika, Muisca, Betoy, Pacabuy, Totoró, Karijona, Kichwa, , Desano, Barí, Yukpa, Chimila, Emberá Dobida, Siona, Puinabe, Achagua, Huitoto, Kofán, Yanacona, Tikuna, Kogui, Cubeo, Koreguaje, Quillacinga, Pastos, Dujo, Inga, Kamëntsa, Sikuani, Arhuaco, KoKonuKo, U’wa, Jiw, Wiwa, Nukak Makú, Kankuamo, Wayuú, Zenú, Gunadule, Awá, Misak, Tukano, Eperara Siapidara, Wounaan, Pijao, y Emberá Chami.

3.Planes de Salvaguarda de los Pueblos Indígenas en Colombia declarados en vía de extinción física y cultural en el Auto 004 de 2009: La Corte Constitucional Colombiana profirió la sentencia T-025 de 2004. Dicha providencia surge por la interposición de varias acciones de tutelas presentadas por personas víctimas del desplazamiento forzado debido al conflicto armado interno, quienes además de ser expulsados violentamente de sus tierras y territorios, muchos de ellos, llegaron a los lugares receptores y allí fueron víctimas nuevamente de un sinnúmero violaciones a sus derechos fundamentales y humanos.

Esta amenaza ha sido la causa principal del desplazamiento de los indígenas”.4.Medidas Cautelares y Provisionales (Sistema Interamericano de Derechos Humanos): El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entiéndase por ellos en adelante la Corte IDH y la Comisión IDH, en cumplimiento de los mandatos de la Carta de la Organización de Estados Americanos-OEA, la Convención Americana de Derechos Humanos y los reglamentos internos de cada organismo, pueden otorgar medidas cautelares en el caso de la Comisión o provisionales en el caso de la Corte.

Las medidas provisionales se otorgan sobre casos que están siendo tramitados por la Corte y también a solicitud de la Comisión, este último cuando la petición o caso aún no ha sido sometida a trámite ante este órgano jurisdiccional. La medidas cautelares se otorgan independiente de que los hechos estén asociados al trámite de una petición o caso ante la Comisión. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que las medidas cautelares y provisionales cumplen dos funciones. La primera, una función cautelar, que tiene como propósito preservar una situación jurídica mientras está siendo considerada por la Comisión o la Corte IDH. Y la segunda, una función tutelar, la cual pretende evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos.

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