Llegar al Congreso debe tener no solo un mérito sino un compromiso ineludible con la justicia y con los jóvenes y adultos que se sorprenden cada vez que despiertan con noticias, tales como, que un congresista renuncia a su investidura para que no lo investigue la Corte Suprema de Justicia o que los fiscales con anuencia de los jueces pidan preclusiones a favor de los investigados, muy a pesar que en algunos casos hay bastantes pruebas incriminatorias, la autoridad judicial no tiene tiempo para valorarlas y en otros porque no han recaudado las necesarias.
En ambos casos siendo legal su uso, es moral y éticamente equivocado. Hoy vemos que podrían haber acuerdos por debajo de la mesa y ese contubernio solo se disuelve si se modifican tanto la forma de escogencia del fiscal general de la nación, se exige mayor conocimiento y compromiso a los fiscales seccionales, locales o especializados y a jueces penales, y por supuesto entre otras, se amplíen los términos de la caducidad penal en materia de delitos contra el Estado.
Por ello invito a revisar qué candidatos, incluido el suyo, tiene el valor moral, la experiencia, la tenacidad y la virtud de ser ajeno al delito y así mismo asumir la postura de reformas estructurales a nuestra justicia. Así pues estas renuncias a la investidura de un político y la permanente declaratoria de caducidades en las investigaciones, ya de entrada nos hace presumir su responsabilidad penal.
En el Huila tenemos casos como la investigación del fallido estadio y el que se aproxima de los actos impropios de los concejales de Neiva.