Por: Yefer Vega

 

El Departamento del Huila, del cual soy oriundo, es un paraíso agrícola. Sus tierras fértiles y de distintas temperaturas hacen que todo tipo de alimento se produzca con facilidad, pues su territorio rural, que corresponde al 40,5% del total de su población está encargado de asegurar la alimentación con el esfuerzo diario del trabajador de la tierra.

En mi columna anterior, traté un tema importante referente a la urgencia de articular, de manera plena, la implementación de la reforma rural integral pactada en el Acuerdo de Paz, garantizando así la existencia de espacios de participación real, en los que el campesinado haga parte de la toma de decisiones acerca de sus territorios y los métodos mediante los cuales se explotan sus recursos naturales de forma sostenible, prudente y equitativa. Sin embargo, el campesinado padece una situación que no le permite crecer en su economía y es la intermediación en la comercialización de sus productos agrícolas.

Esta actividad de intermediación causa que la población dedicada a trabajar la tierra tenga que pagar altos costos en los procesos de producción y recibir bajos precios de venta, pues al no estar organizados este gremio de productores, el campesino se ve obligado a vender a cualquier precio, además el poco poder de negociación en el mercado genera que la comunidad rural acceda a los procesos de intervención por parte de agentes externos, con un porcentaje de intermediación  de hasta el  92%, por lo tanto, la producción agrícola pasa por varios intermediarios antes de llegar al consumidor final.

Esta situación ha causado, a través de la historia, una deserción del trabajo en el campo, ya no ven en esta actividad una esperanza económica que les permita acceder a condiciones de vida digna,  para el campesino y su familia, y prefieren vender sus tierras para dedicarse a otra actividad, que en la mayoría de los casos, no conocen, lo cual lo ubica en una situación de fracaso.

Lo anterior nos está indicando que esta situación genera diferentes niveles de violencia, junto al desplazamiento forzado a las zonas urbanas, el aumento del trabajo informal y mal remunerado, bajos niveles de escolaridad y muchos otros problemas que la policía registra diariamente en las ciudades.

En necesario que el Estado realice unos estudios económicos y sociales serios, para impulsar espacios de organización de la población rural, donde su objetivo sea beneficiar directamente a los productores campesinos y también a los consumidores para evitarles inseguridad alimentaria y altos costos en la canasta familiar.

Solucionando los problemas del campo también se construyen caminos seguros de paz.