miércoles, 21 de agosto de 2019
Contexto/ Creado el: 2019-01-19 10:43 - Última actualización: 2019-01-19 10:44

La JEP un año después

Después de un año de funcionamiento, en total, 9.687 excombatientes de las Farc-EP, 1.938 miembros de la fuerza pública y 38 de agentes del Estado suscribieron acta de sometimiento ante la JEP.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | enero 19 de 2019

Después de un año de funcionamiento y en el cual se han presentado algunos inconvenientes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), realizó el encuentro "JEP y víctimas. Balance y proyección".

El evento sirvió para conocer en detalle públicamente los avances en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, respondiendo a las exigencias de justicia y respetando las garantías del debido proceso y seguridad jurídica de las víctimas, los comparecientes y la sociedad.

La rendición de cuentas o informe tuvo lugar en el espacio de memoria que alberga 'Fragmentos', obra de la maestra Doris Salcedo, quien con mujeres víctimas del conflicto armado, fundieron las más de 8 mil armas que entregaron los ex combatientes de las Farc.

En este escenario, se le contó al país y a la comunidad internacional cómo ha trabajado en una justicia que restaurativa de las heridas, que dejó el conflicto armado en Colombia tras medio siglo de guerra.

Los resultados

Cabe decir que a un año del inicio de las labores de la magistratura, 11.675 personas han suscrito acta de sometimiento ante la JEP; de este total 9.687 son excombatientes de las Farc, 1.938 de la Fuerza Pública, 38 de agentes del Estado y 12 de protesta social.

En total, se han recibido 168 informes que fueron entregados por parte de organizaciones de víctimas y entidades del Estado, sobre hechos ocurridos en contexto y en razón del conflicto armado.

A partir de esta información la JEP abrió sus primeros cinco grandes casos y según la entidad  hay dos casos con avances considerables: secuestros y falsos positivos. Los dos temas están en este momento en etapa testimonial. 31 miembros de las Farc y víctimas han sido escuchados.

El que dio apertura formal a su labor fue el de retenciones ilegales de personas por parte de las FARC entre 1993 y 2012 (Caso 001).

"Todos estos avances se han materializado escuchando las voces de las víctimas, quienes históricamente han sido excluidas, y fortaleciendo las relaciones con las organizaciones sociales y los entes territoriales, hasta ahora, en 19 zonas del país"

En este proceso ha sido fundamental el desarrollo del marco normativo constitucional y legal de la JEP, que ya cuenta con una Ley de Procedimiento, el Reglamento Interno, una Ley de Amnistía e Indulto, y una ley estatutaria ad-portas de ser sancionada por el Presidente de la República, normas revisadas por la Corte Constitucional.

Los avances han sido posibles con el acompañamiento de las víctimas y de la comunidad internacional, y el respaldo y seguimiento de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional (CPI).

Las críticas

A las críticas que ha recibido la JEP de diferentes sectores del país, la entidad respondió a través de su presidenta diciendo que la Jurisdicción es de paz, no de venganza.

“La verdad como presupuesto necesario para la reparación integral de casi 9 millones de víctimas y el aporte a la superación de las causas estructurales de una guerra interna que ha cobrado más de 280 mil víctimas mortales, más de siete millones de desplazados internos, medio millón de refugiados y exiliados alrededor del mundo, 84 mil desaparecidos, 37 mil secuestrados, 15 mil víctimas de violencia sexual y 9 mil víctimas de minas antipersona y munición sin explotar, entre otras”.

Por resolver

Cuando el 9 de abril fue capturado Seuxis Paucis Hernández, conocido como Jesús Santrich, con fines de extradición por el aparente envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, nadie sabía cómo debía actuar la justicia.

Lo aprobado hasta el momento decía que la JEP debía definir si el delito fue cometido antes o después del 1° de diciembre de 2016, para saber si es competencia suya o de la justicia ordinaria, pero no se sabía cómo hacerlo. Aún hoy el exguerrillero espera una decisión al respecto en la Picota.

Pero aunque este es el primer exguerrillero pedido en extradición desde que se firmó el Acuerdo de Paz, otras tres personas están en su misma situación. Se trata de Luis Eduardo Carvajal, alias “Rambo”, Diego Alberto González Castillo y José Geidín Castro Chillambo, todos solicitados en extradición por delitos cometidos supuestamente después del 1° de diciembre de 2016.

El otro caso es el de Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”, quien no compareció cuando fue llamado en la apertura del caso de secuestro, ni envió informe sobre su reincorporación. A él le abrieron un incidente de verificación de cumplimiento del régimen de condicionalidad pero, a punta de recursos, la decisión se ha ido dilatando y aún no ha sido aclarada su situación dentro de la Jurisdicción.

Todo esto está enmarcado, dijo Linares, en el debido proceso de cada uno de los comparecientes a la JEP, porque en cada paso la defensa, la Procuraduría, los representantes de las víctimas e incluso el Estado pueden interponer recursos que, mientras se resuelven, congelan los términos.

Recuadro:::

Los casos y sus aperturas

Caso 001: Secuestros. Se abrió el 6 de julio de 2018

Caso 002: Desplazamiento forzado, falsos positivos, torturas entre otros. Se le dio apertura el 10 de julio de 2018

Caso 003: Falsos positivos. Se dio inicio el 17 de julio de 2018

Caso 004: Desplazamiento forzado, despojo de tierras, secuestros en el Urabá antioqueño y chocoano. Arrancó el 11 de septiembre de 2018

Caso 005: Hechos que afectaron a las comunidades indígenas como reclutamiento, violaciones, torturas, secuestro. Su apertura se dio el 8 de noviembre de 2018.