En el marco de la Cumbre de Gobernadores celebrada en Puerto Inírida, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado contundente a los mandatarios departamentales del país: actuar como una fuerza política territorial, no partidista, que respalde los proyectos económicos clave en el Congreso de la República y evite que el país se quede sin recursos para su desarrollo social y económico.
Críticas a la oposición en el Congreso
Durante su intervención, Petro expresó su preocupación por la posible negación de la Ley de Financiamiento, con la que se busca recaudar $12 billones destinados a la inversión social.
“Pero hay un problema: la nación se ha quedado sin dinero, eso explica mucho por qué nos estamos demorando». Según el mandatario, mientras las comisiones de Crédito Público aprueban préstamos para pagar la deuda heredada de la pasada administración, liderada por Iván Duque, algunos sectores en el Congreso pretenden bloquear la reforma tributaria que permitiría obtener recursos esenciales para reactivar la economía y reducir la carga fiscal de las empresas.
“¿Qué daño le puede hacer eso (la reforma tributaria) a un empresario, y qué irresponsabilidad de un congresista impedir que se les bajen los impuestos a las empresas de Colombia cuando estamos pensando en medidas de reactivación económica?”, cuestionó el presidente.
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Apoyo al Sistema General de Participaciones
Petro también instó a los gobernadores a dialogar con sus parlamentarios, sin importar su filiación política, para garantizar la aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), la cual está a un debate de convertirse en ley. Esta reforma busca financiar proyectos de desarrollo regional bajo la modalidad de vigencias futuras, beneficiando iniciativas de salud, educación y agua potable.
Factores que complican la financiación
El presidente señaló que la falta de recursos en la nación se debe, entre otros factores, al déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), un fallo adverso de la Corte Constitucional sobre el impuesto a los combustibles fósiles y un crédito exprés adquirido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que debe pagarse en tres años.
Para dar seguimiento a estos asuntos, Petro delegó al ministro del Interior, Alexander López, la tarea de articular los esfuerzos con los gobernadores y garantizar que el Congreso apruebe estas reformas antes de finalizar la legislatura.
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