domingo, 18 de noviembre de 2018
Contexto/ Creado el: 2018-03-19 09:22 - Última actualización: 2018-03-19 10:02

La 'papa' caliente de la sustitución de cultivos ilícitos

El tercer informe de la FIP, refleja los resultados sobre el proceso de sustitución de cultivos de coca durante el 2017. El análisis se concentró en los 36 municipios donde se reúnen el 52% de las hectáreas con cultivos de coca registradas en el 2016.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | marzo 19 de 2018

La FIP realizó el balance sobre la sustitución de cultivos en 2017,  luego de un año de la implementación de los acuerdos y la puesta en marcha del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

El trabajo fue llevado a cabo por investigadores de la Fundación, a través de  entrevistas con funcionarios claves en la implementación a nivel nacional y local, representantes de organizaciones sociales, igualmente el monitoreo a los medios de comunicación y el análisis de información cuantitativa disponible.

Cabe recordar, que la sustitución de tierras ilícitas tiene como objetivo generar condiciones para que comunidades afectadas por la guerra y dependientes de esta economía ilegal sean incluidas social y productivamente. Por lo tanto el gobierno fijó una meta de una reducción anual de 100 mil hectáreas de coca (50% a través de erradicación forzada y 50% de sustitución voluntaria) que ha sido la pauta para evaluar su gestión.

Resultados

El plan comenzó a ser implementado en 36 municipios donde se concentra el 52% de las hectáreas con cultivos de coca registradas en 2016. En la mayoría de las zonas el PNIS se está desarrollando en los núcleos de producción.

El 67% de las familias que se han vinculado al PNIS son cultivadores de coca. El nivel de cumplimiento en la erradicación voluntaria de los cultivos, de acuerdo con lo verificado por UNODC, es superior al 90%.

Mejoramiento de vías

El informe dio a conocer que en los municipios donde comenzó la sustitución, también se está avanzando en el mejoramiento de vías terciarias y en la construcción de obras de infraestructura rápida, ya que el 70% de los municipios también se encuentra el Plan 50/51 y de obras de pequeña infraestructura comunitaria. En la medida en que aumente la cobertura del PNIS en 2018 se prevé que este porcentaje descienda al 57%.

Atribución

En diciembre de 2017, 28.660 familias (que equivalen al 53% del total de las familias vinculadas), comenzaron a recibir esta asignación mensual ($12 millones al año); el 47% restante se encuentra en proceso de validación. De acuerdo con la información del PNIS, en los tres primeros meses del 2018 se llegaría al 100%.

En 2016, la Agencia Nacional de Tierra (ANT) abrió el programa “Formalizar para sustituir” que, hasta diciembre de 2017, llegó a 27 municipios, 11 de los cuales coinciden con el PNIS.

Homicidios

Los crimines se han convertido en un tema de inquietud, debido al aumento de sucesos en las zonas donde se desarrolla la sustitución de cultivos, ya que en los municipios con cultivos de coca la tasa de homicidios aumentó 11% y en aquellos donde la sustitución comenzó, el alza fue del 33%.

En los 36 municipios en los que la sustitución avanzó, la tasa pasó de 41.1 a 54.7 por cada cien mil habitantes. En la mayoría de los casos el aumento de la violencia letal estuvo vinculada con las disputas y reacomodamientos de los grupos armados al margen de la ley.

Análisis

El plan 50/51 solo cubre el 23.4% de los municipios con cultivos de coca y el 1.79% de la red de vías terciarías a nivel nacional. Igualmente las construcciones de pequeñas infraestructura cubren menos de la tercera parte de los municipios con coca. De los 1.308 proyectos de pequeña infraestructura identificados en el 2017, se terminaron ese año el 4.8% y 8.3% se encontraban en ejecución en 51 municipios.

Población vulnerable

El resultado reveló que esta población joven se encuentran en alto riesgo, debió al reclutamiento de organizaciones armadas y a su participación como mano de obra en otras economías ilegales.

Para este año

La investigación por parte de la FIP, informó: «La principal preocupación de la FIP es la sostenibilidad del proceso, en medio del deterioro de las condiciones de seguridad, la presión de múltiples actores – legales e ilegales –, los aun bajos niveles de articulación entre las entidades responsables de la sustitución y del desarrollo rural, así como el lento avance en la generación de condiciones que apoyen el tránsito a la legalidad de las familias dependientes de los cultivos de coca. En año electoral y con la llegada de una nueva administración, la implementación de los acuerdos entra en una etapa de incertidumbre».

Asimismo, manifestó un problema que afectaría directamente a los colombianos. «Los costos de que el proceso de sustitución de cultivos no funcione son altos, no solo por los recursos que han sido invertidos, sino por la pérdida de confianza por parte de las comunidades y el riesgo de resiembra. En términos políticos, la interrupción y el fracaso del programa podrían derivar en múltiples protestas sociales, que podrían ser capitalizadas por organizaciones que buscan tener la vocería de los cocaleros, incluidas las Farc. Además, la militarización de las zonas y una estrategia primordialmente represiva podrían tener efectos contraproducentes, fortaleciendo el nexo entre comunidades dependientes de esta economía ilegal y grupos criminales que participan en la cadena del narcotráfico” concluyó el balance.

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