La semana pasada, el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó la Ley de Orden Público luego de que se conciliara el texto definitivo en el Congreso. Esto en medio del proyecto de paz total que ha planteado el mandatario desde antes de ser electo. Como era de esperarse, las opiniones han sido variadas y, de hecho, oficiales en retiro manifestaron su inconformidad al respecto.
“Habrá personas que negociarán con el gobierno las opciones de acabar con una guerra de hace muchas décadas, que debe terminar definitivamente, sin ecos. Para que la sociedad colombiana sea la verdadera dueña del país, la verdadera dueña de los destinos de Colombia. La democracia real y pacífica que necesitamos”, comentó el mandatario antes de hacer la primera sanción de su gobierno.
Ante esto el sargento mayor en retiro Luis Orlando Lenis, presidente de la Fundación por la Dignidad de los Héroes de Colombia, destacó que esta normativa permitiría impunidad. “La paz total es simplemente un recurso más impunidad donde se están colocando artículos en dónde hasta ‘Iván Márquez’ puede ser perdonado, se están metiendo al sistema de tal manera que todos aquellos que han delinquido en este país tienen posibilidad de acceder y quedar libres”, dijo en su momento.
A su vez, recientemente en una entrevista otorgada al diario El Tiempo, la nueva directora para las Américas de la ONG Human Rights Watch, Juanita Goebertus, anunció que se opone a que Colombia negocie con quienes incumplieron los acuerdos de paz firmados en el año 2016 con el Gobierno Nacional, en ese entonces, presidido por Juan Manuel Santos.
Tal y como detalló, es necesario entender que en el país existen diferentes grupos armados al margen de la ley, teniendo en cuenta ello, destaca, son las personas que ahora integran la ‘Segunda Marquetalia’ las que no deberían hacer parte de los nuevos beneficios. Aquel grupo armado está compuesto por personas que, previamente, estaban dentro de las extintas FARC, guerrilla con la que el gobierno de Santos logró conversar para llegar a un trato de cese al fuego. Los disidentes de esta agrupación delincuencial argumentaron que volvían a las armas por falta de cumplimiento de lo firmado con el entonces mandatario colombiano.
“Nuestra posición es que estas personas no pueden ser parte de nuevos beneficios porque justamente incumplieron las reglas claras de renunciar al uso de la violencia, desarmarse y contribuir a la reparación de las víctimas y la verdad a cambio de un tratamiento penal especial. Cosa distinta son facciones de las Farc que nunca se sometieron a las negociaciones y que bajo el estándar del derecho internacional humanitario podrían ser parte del conflicto armado y podría existir una conversación con un efecto de justicia transicional”, aclaró la funcionaria.
Así las cosas, Gustavo Petro explicó que, las negociaciones se dividirán en negociaciones con la justicia y jurídicas y otras directamente con el Gobierno. Esta es la primera ley que Gustavo Petro sanciona en su cargo como jefe de Estado. Lo que hizo fue sancionar la prórroga y modificación de la Ley 418, conocida como Ley de orden público. Esto abre las posibilidades para que el Gobierno empiece a “construir negociaciones con quienes están al margen de la ley, para conquistar el sueño de la ‘Paz total’ en Colombia”.
El documento, además de tener la firma de Gustavo Petro, tiene el aval de los ministros del Interior, Alfonso Prada; Defensa, Iván Velásquez y Justicia, Néstor Osuna. Finalmente, es de tener en cuenta que, paralelo a este proceso, las Autodefensas Gaitanistas anunciaron estar listas para negociar.
