El Tribunal Superior de Antioquia confirmó la primera condena por acceso ilegal a señales de televisión por suscripción que le fue impuesta a un hombre identificado como Gustavo Adolfo Mejía.

La Fiscalía General de la Nación informó que el Tribunal Superior de Antioquia confirmó la primera condena por acceso ilegal a señales de televisión por suscripción en el país.

Según dijo, se logró demostrar que el representante legal de una empresa que comercializaba decodificadores actuó de manera ilegal y obtenía la frecuencia de canales internacionales.

El ente investigador indicó que el material de prueba obtenido permitió establecer la responsabilidad de Gustavo Adolfo Mejía García en estos hechos delictivos.

Indicó que el sujeto, de manera ilegal y sin tener autorización para hacerlo, «comercializó decodificadores para desencriptar y acceder irregularmente a la señal satelital de importantes canales internacionales de televisión».

La Fiscalía señaló que un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostró que esta persona, representante de una empresa con sede en Rionegro (Antioquia), comercializó estos equipos por internet, entre 2013 y 2017, por valores que se acercaban a los $600.000. Con instalación, el costo superaba los $900.000.

«Las verificaciones técnicas evidenciaron que estos decodificadores estaban alterados y tenían un software que permitía recibir cualquier frecuencia televisiva», indicó el ente acusador.

Y agregó que se constató que este producto fue vendido y despachado desde Rionegro y hacia otros municipio de Antioquia, Eje Cafetero, el norte del país y Bogotá.

Cabe resaltar que en las diligencias realizadas en una finca de la vereda La Laja de Rionegro, en agosto de 2016, personal del CTI de la Fiscalía encontró una gran cantidad de estos equipos y otros elementos utilizados para ofrecer y comercializar el servicio ilícito.

La Fiscalía informó que, por disposición del Tribunal Superior de Antioquia, Gustavo Adolfo Mejía García deberá cumplir una condena de cuatro años de prisión y multa de 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En el juicio, fue hallado responsable del delito de violación a los mecanismos de protección de derechos de autor y derechos conexos, y otras defraudaciones.