La sociedad colombiana continúa sorprendida con las medidas tomadas por el gobierno nacional, que están atentando contra el bienestar de ésta y del desarrollo empresarial, producto del afán de emprender cambios que conduzcan a transformar la institucionalidad que se ha mantenido desde décadas atrás. Tal es el caso que se está presentando con las empresas que ofrecen la revisión tecno mecánica a los automotores públicos y privados, que a partir de la promulgación de la Ley 2283 del 5 de enero de 2023, les obliga a los CDA comprar una póliza a sus usuarios para garantizar la seguridad de los conductores y de terceros en caso de sufrir un siniestro vial. Lo increíble de esta medida es que debe ser sufragada por dichas organizaciones empresariales, que son las encargadas de emitir dicho certificado.
Hay que ser claros que cuando se crearon los CDA, éstos tienen definidas funciones concretas y es absurdo que se les obligue a sufragar gastos adicionales, que pueden afectar la sostenibilidad financiera de las 850 empresas que operan en el país. Entre éstas, se encuentran las siguientes: No se concertaron con los CDA cuando se promulgó dicha norma; estas organizaciones han solicitado la expedición de esta póliza para sus clientes a 10 aseguradoras, las cuales se han negado a expedirlas; los costos son demasiado elevados y los empresarios no pueden sufragar dichos costos, lo cual pueden generar el cierre de éstos, y despidos masivos. Estas medidas inconsultas, ocasionan los siguientes interrogantes: ¿quién va asumir los pagos en caso de que el usuario tenga dos más accidentes durante el año.?
Igualmente, si un conductor conduce ebrio, ¿y provoca un accidente, quien asume dichos costos? Podemos seguir enumerando otras dudas, que muy difícilmente se van a cumplir. Lo anterior ocurre, por culpa de la aprobación de los congresistas enmermelados que solo les interesa que el ejecutivo les otorgue dádivas, sin interesarles la afectación al desarrollo empresarial y de la generación de empleo, en medio de la más profunda crisis social, política y económica en que se encuentran sumidas, las familias colombianas.
Dicha medida gubernamental le está ocasionado un desgaste innecesario a la administración del presidente Gustavo Petro Urrego. La misma agremiación (ACEDAN) que aglutina a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), han expresado la preocupación porque inexorablemente se quebraran y dejarían sin empleo a más de 20 mil personas que laboran en dichas organizaciones. Inclusive van a demandarla, porque presentan supuestos vicios de trámites y porque no se tiene conocimiento, de los valores que las aseguradoras cobrarían a los CDA por la expedición de dichas pólizas, dado que ya existe una reglamentación emanada del Ministerio de Transporte. Estas improvisaciones le están generando un efecto multiplicador, que está fortaleciendo el club de arrepentidos a nivel nacional.
