DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

 Sala de Redacción

Dicen que la moda no incomoda, sin embargo, como en todo existen excepciones a la regla y una de ellas parece ser la revocatoria de gobernantes, que, al ser utilizada en forma inapropiada y persistente por muchos, se ha convertido en lo contrario para lo cual fue creada, en nuestro país con la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 y está contemplada en el artículo 103 de nuestra constitución. En solo los primeros 14 días de este año se presentaron más de 28 solicitudes.

Esta figura que surgió como una nueva forma de participación que tienen los ciudadanos, en la que pueden mostrar su inconformismo, por el incumplimiento del programa de gobierno de quien a su juicio mal gobierne, se ha convertido en la herramienta para presionar gobernantes de turno, según los intereses particulares de políticos en oposición, derrotados e inconformes, o de aquellos que simplemente quieren extorsionar para lograr prebendas. Es más, en el mejor de los casos se ha convertido en una vitrina de popularidad para quienes tienen aspiraciones políticas inmediatas. En otras palabras, no sirve para mejorar el ejercicio de un gobierno, sino para incomodar a quien lo ejerce.

Sirve o no sirve la revocatoria

Su finalidad es buena y debiera servir, no en vano el tema de la revocatoria del mandato ha estado presente a través de la historia en países como Ecuador, Venezuela y Bolivia, Perú, Argentina, y Panamá entre otros.

Pero a final de cuentas pareciera que su finalidad no se cumple, ya sea por haberse convertido en herramienta para la politiquería, o simplemente por su inaplicabilidad en términos reales.

Se plantea bajo dos causales: que no esté cumpliendo su programa de gobierno, el cual se establece para llevar a cabo durante cuatro años, no durante uno, y en la mayoría de los casos el afán de los gestores de la revocatoria los lleva a iniciar el proceso pasado el primer año de gobierno, que es cuando la ley permite ejercer esta acción y como bien lo señala María Isabel Rueda en su columna de opinión, ¿a quién se le puede exigir que rinda en el primer año los resultados de una gestión de cuatro?

La otra causal es que exista insatisfacción general de los ciudadanos a la gestión del gobernante, pero ¿cómo se establece esa insatisfacción general?, ¿cuál es la premisa lógica, científica y real, que permita asegurar el inconformismo ciudadano? ¿Una encuesta?, ¿cuál sería? La del día en que se tome una medida impopular pero necesaria, o la del día en que se tomen decisiones populares que alegren a la gente. En cualquiera de los dos casos el resultado de una encuesta puede ser diametralmente opuesto, lo cual implica que este argumento es meramente subjetivo, y lo peor se puede acomodar a los intereses de quienes la promueven. Retomo lo dicho por María Isabel Rueda, “Escoger una encuesta (¿cuál, si para una encuesta, otra encuesta?) para sacar a un funcionario de su cargo atenta contra todos los fundamentos de la buena administración pública.”

Ejemplo de un proceso tortuoso y difícil

En el caso de Pitalito por poner un ejemplo, el comité pro-revocatoria, tienen un plazo de 6 meses para recolectar las firmas que deben ser el 30% de los votos, que el alcalde actual Edgar Muñoz saco. Pero en este sentido se debe leer la historia para ver lo que ha pasado en el país, de acuerdo a una publicación del Periódico el Tiempo en el año 2009 hacen una análisis y dicen que (para el 2019 fecha de la publicación), “luego de 15 años ninguna revocatoria del mandato ha prosperado hablando en particular de la ciudad de Bogotá…En el 2005 intentaron con Lucho Garzón y antes había sucedido algo similar con Enrique Peñalosa. Ninguno superó la etapa de recolección de firmas, es decir, fracasaron en el primer paso”

Si logran recoger ese número de firmas, lo cual en época de pandemia no es fácil, además del riesgo que significa, y estas son validadas por la Registraduría Nacional, deben ir a las urnas y en ellas debe participar aproximadamente un 40% de las personas que votaron en las pasadas elecciones a alcaldía.

Es decir, si ese día votaron aproximada 55 mil personas deben acudir el 40% de ellas, casi 23 mil personas a votar.  Y volvamos a ver la historia según algunos analistas la abstención para estos procesos electorales a llegado al 80%, lo cual nuevamente no augura futuro promisorio a una revocatoria.

Una vez voten la mitad más uno debe decidir si está de acuerdo o no con el proceso de revocatoria.  Si las personas no acuden a la revocatoria o ganan los que no quieren revocarlo todo sigue igual. Pero si recogen las firmas, participa la gente, vota en su mayoría para revocarlo, proceso que puede tardar un año o más, deberán entonces convocar a nuevas elecciones, para elegir nuevo alcalde.

¿Muchos se preguntan y en medio de la pandemia que estamos viviendo vale la pena tanto desgaste?, ¿vale la pena invertir esos recursos en otro proceso electoral en vez de entregarlos a gente que lo necesita o destinarlos para reactivar la economía de los municipios en medio de la pandemia? La discusión está en la mesa.

Pandemia y revocatoria

Pero, de otra parte, revocatoria no conjuga con pandemia. Para todos es sabido que a los gobernantes les ha tocado con las uñas en medio de esta crisis, lo cual plantea condiciones contrarias a la normalidad, para el cumplimiento de sus planes de gobierno. Pero además desde el Gobierno Nacional la prioridad ha sido desarrollar e invertir en acciones que ayuden a contener la pandemia y evitar una crisis mayor a la que se vive. Cosa que han hecho los Alcaldes y  Pitalito  ejemplo que hemos puesto, se ha destacado por sus acciones en este sentido.

Gobiernos en el limbo y en pandemia

La revocatoria plantea otra circunstancia y es que en caso de prosperar esta acción, lo cual puede llegar a durar hasta un año y medio, los municipios corren el riesgo de quedar en el limbo institucional, con gobernantes encargados y la convocatoria a elecciones, para elegir alcaldes o gobernadores por máximo el año y medio que reste de gobierno y con los costos que esto trae para el Estado.

Argumentos de los comités

En el caso de Pitalito, los integrantes del comité argumentan falta de cumplimiento al Plan de Desarrollo, y la inconformidad general.

Ante lo primero resulta curioso, además de lo dicho inicialmente, ver que ese plan fue aprobado hasta octubre, lo cual implicaría que deben revisar el cumplimiento con base en un documento que entró en vigor a dos meses de terminar el año, en medio de una pandemia con consecuencias para todos, y prioridades diversas para atender la emergencia.

Afirman también el problema de inseguridad y desempleo en esa ciudad. Pero esto llevaría a solicitar la revocatoria de todos los alcaldes del país, ya que, debido a la pandemia, estos niveles han crecido ostensiblemente, en las ciudades y municipios de Colombia. Pero a su vez llevaría igualmente a que no prosperara la acción, ya que es un tema que  alcaldes como el de Pitalito y el Gobierno Nacional han atendido con premura.

Opinan los alcaldes

Los Alcaldes del País, sujetos a esta acción han salido a poner la cara. Incluso al de Medellín se le vio llegar a la audiencia respectiva, acompañado por muchas personas que le respaldan con carteles exigiendo que lo dejen trabajar ya que la prioridad es la pandemia. Pero retomando el ejemplo del de Pitalito, el Alcalde salió a manifestar respeto por ese tipo de acciones, no sin antes aclarar que a pesar de la pandemia le viene cumpliendo a la ciudad.

Manifestó que, a pesar del coronavirus, lograron en el 2020 “Más de 9 bandas criminales y 400 capturas, para un Pitalito seguro para todos, cerramos el año anterior con un balance positivo de reducción de delitos generales, gestionamos los recursos y acciones para que Pitalito cuente con el Quinto Distrito de Policía con capacidad de más de 300 hombres, y estamos dejando financiado un proyecto de cámaras de seguridad por más de 10.000 millones de pesos.”

Además, lidera la Asociación de Municipios del Macizo Colombiano, ASOMAC, y desde la junta directiva de Cormagdalena, le aprobaron dos proyectos Uno por 7.000 millones de pesos que beneficiará a más de 30 mil habitantes de la Comuna Dos, y otro, por 3.000 millones de pesos para la Comuna Uno, para construir colectores de aguas lluvias y que dichos sectores no vuelvan a sufrir inundaciones. Que tiene previsto entregar 500 unidades de vivienda y ha invertido más de 3.000 millones de pesos en infraestructura educativa y 1.500 millones de pesos en adecuación. Y ha invertido más de 5.000 millones de pesos en la modernización de la planta de tratamiento de acueducto del municipio.

¿Y de la financiación de estos procesos que?

Ya para finalizar, otro aspecto para analizar es como se van a financiar esos comités o ‘quién los va a financiar’. Ya que recolectar firmas, convencer, recorrer, convocar y después motivar a que la gente vote, tiene un costo alto.

Si tenemos en cuenta todo lo dicho y lo costosas que salen las revocatoria; a 2017 el CNE calculó el costo de todas las del país en ese año, en 100.000 mil millones de pesos; valor  alarmante, que a precios de hoy pudiera ayudar a tanta gente afectada por la  pandemia que vivimos, veremos que las famosas revocatorias tienen un camino negro y nada claro.