viernes, 21 de septiembre de 2018
Contexto/ Creado el: 2017-11-26 08:49 - Última actualización: 2017-11-26 08:51

Las demandas al Código Nacional de Policía

Desde su entrada en vigencia, se han presentado más de 70 demandas a diferentes artículos, en algunos casos por parte de ciudadanos en otros han sido congresistas.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | noviembre 26 de 2017

Aunque no se tienen unas cifras exactas de lo que ha sido la aplicabilidad del nuevo Código de Policía, el cual entro en vigencia el 30 de enero del presente año, si se sabe que a los pocos días de entrar en vigor, la Corte Constitucional comenzó a recibir una cascada de demandas contra el documento que se convierte en la carta de navegación del comportamiento ciudadano y las normas de convivencia.

A mediados de febrero, el balance era de más de medio centenar de demandas; muchos de esos recursos fueron en su momento archivados porque no se corrigieron a tiempo en su argumentación, y algunos fueron admitidos para que la Corte Constitucional decidiera si los declaraba constitucional o inconstitucional; y otro tanto están en revisión.

Y es que para algunos, el nuevo Código Nacional de Policía se extralimita y por tanto las demandas en contra de la Ley 1801 de 2016 no se detienen.

Nueva demanda

La última de ellas, presentada por el representante a la Cámara, Inti Asprilla, ataca los artículos 25, numeral segundo, y 150, que regulan los comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, dentro de los cuales se encuentra “incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía” y la obligatoriedad de las órdenes de Policía, respectivamente.

Esto por cuanto, a juicio del demandante, las disposiciones referidas vulneran la dignidad humana, la supremacía constitucional y el principio de legalidad, al tiempo que desconocen la cláusula del Estado social de derecho en cuanto a los deberes de las autoridades.

Justamente, en el escrito se asegura que la redacción de las normas objeto de reproche establecen, sin condición alguna, el deber de no desacatar las órdenes de estas autoridades, circunstancia que, en la práctica, posibilita el desconocimiento de su propia obligación encaminada a garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes ciudadanos.

¿El fin justifica los medios?

Es la frase sobre la cual gravita la solicitud del representante, pues, a su juicio, siendo el orden público un objetivo positivo los medios para lograrlo debe procurar, sobre todo, el respeto de un mínimo de condiciones que permitan su ejecución, sin perder el horizonte perseguido y si sacrificar derechos inalienables del ser humano.

Es esa percepción la que en un momento dado puede justificar, bajo el propósito del orden público, todo tipo de arbitrariedades que tornen nugatorios los derechos y la libertad que protege la Carta Política, concluye el documento.

Algunas demandas admitidas

Orden de Policía (Demanda D-11744)

Jorge Alonso Garrido demanda la expresión “si la orden de policía no fuere de inmediato cumplimiento, la autoridad conminará a la persona para que la cumpla en un plazo determinado, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes”, contenida en el artículo 150.

Ello porque se vulnera el derecho al debido proceso en su faceta de celeridad, pues al consagrar esta facultad, sin limitar en el tiempo su realización, deja sin certeza el momento en que  se incurrirá en cumplimiento de la orden y, así mismo, no se permite consolidar situaciones jurídicas que son objeto de este procedimiento.

Habitantes de calle (Demanda D-11788)

Erika Alfonso Briceño considera que el parágrafo 3° del artículo 41 es inconstitucional. Este indica que la Policía deberá trasladar a los hogares o centros de atención a los habitantes de calle que se encuentren bajo el efecto de sustancias sicoactivas y generen alteración de la convivencia.

Expone que con dicha medida las autoridades no están fomentando la inclusión ni la rehabilitación de este grupo social, a pesar de que se encuentra demostrado que esta situación se ve acompañada de enfermedades, alcoholismo o drogadicción, lo cual afecta también sus derechos a la igualdad, la dignidad humana y la libertad.

Sanciones contra vendedores informales (Demanda D-11638)

Raúl Asprilla pretende la inexequibilidad parcial del artículo 140, el cual establece una serie de multas cuando una persona ocupe indebidamente el espacio público y, adicionalmente, si esta conducta se realiza dos veces o más se impone el decomiso o la destrucción del bien con que se incurra en tal ocupación.

Argumenta que con estas medidas correctivas se agravaría la situación de las personas que se dedican al comercio informal, ya que, en todo caso, van dirigidas a la afectación de su patrimonio, con lo que se vulnera directamente su derecho al mínimo vital, al trabajo, al debido proceso y a la propiedad.

Espacio público (Demanda D-11756)

Por otro lado, César Rodríguez Garavito y Sebastián Lalinde, director e investigador, respectivamente, del  Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) presentaron una demanda contra los artículos 53, 54, 55, 56 y 57, relacionados con las expresiones o manifestaciones en el espacio público.

Lo anterior por no haber sido aprobados en el Congreso a través del trámite de ley estatutaria, como corresponde cuando se trata de la regulación de un derecho fundamental, “luego estas disposiciones son inconstitucionales por desconocer, presuntamente, el artículo 152 de la Carta Política de 1991 (reserva de la ley estatuaria).

Limitación al derecho a la protesta (Demanda D-11670)

Varios congresistas del Polo Democrático y organizaciones también presentaron un escrito, de más de 100 páginas, contra varias y disposiciones de este estatuto, que a su juicio limitan, principalmente, el derecho a la protesta a través de manifestaciones públicas.

Pero también atacan algunas normativas relacionadas con el ejercicio a la libertad personal por el medio denominado “traslado por protección” para procedimientos policivos.

Ingreso al inmueble con orden escrita (D-11604 y D-11611)

Fueron admitidas dos acciones de inconstitucionalidad en contra del artículo 162 por la presunta vulneración a la reserva judicial; contra los artículos 47, 53, 54 y 55 por violación a la cláusula de reserva de ley estatutaria y contra el artículo 48 por supuesta transgresión a la cláusula de reserva legal.

Según los demandantes, con lo establecido en el artículo 162, que regula el ingreso al inmueble con orden escrita, es la misma autoridad (alcalde) quien tiene la facultad para autorizarse a sí misma para ingresar a un domicilio, chocando con la reserva judicial.

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