El Gobierno local manifestó que ha existido una total falta de autoridad por parte de las directivas de la Usco, quienes han sido permisivas con los delincuentes y vándalos, en el uso de las locaciones, impidiendo el ingreso de la Fuerza Pública.
La Administración local se manifestó en el siguiente comunicado:
«El pasado domingo, una vez más, un grupo de jóvenes resguardados al interior de la Universidad Surcolombiana, salieron a taponar vías, incinerar llantas y provocar enfrentamiento con las autoridades. Esta no ha sido la primera vez, en que las instalaciones de la entidad educativa, son usadas como refugio de un puñado de jóvenes, que, según el Rector de esa institución, Eduardo Pastrana, en un Consejo Extraordinario de Seguridad al que lo invitamos, no pertenecen a la institución, no son estudiantes, e ingresan violentamente a las instalaciones, intimidando a los celadores, consientes que estando allí, pueden burlar la Fuerza Pública.
Amparados en la autonomía universitaria, los delincuentes y vándalos que participan de estas acciones, se atrincheran al interior de la institución, seguros que las autoridades allí no pueden ingresar, lo que nos lleva a caer en un círculo vicioso.
Ya superamos 100 días en la misma situación, y lo que al principio eran acciones dignas de una lucha por la reivindicación de derechos, hoy se han desdibujado bajo los intereses personales, políticos y delictivos de quienes hacen parte de estos hechos.
El problema es que esta situación ya trascendió de las paredes de la institución académica, y está afectando no sólo la tranquilidad de la comunidad del norte de la ciudad, sino además a los pacientes y personal de salud de la Clínica Medilaser, que han sido testigos de estas actuaciones, pero además víctimas; pues en una ocasión irrumpieron violentamente las instalaciones, y sacaron a la fuerza a un médico para atender a un herido, lo que para muchos puede ser interpretado como un secuestro simple.
Así mismo, los 126 comerciantes de la Carrera Primera, nos han manifestado en dos mesas de diálogo que hemos tenido, las secuelas en la economía, que han dejado los constantes enfrentamientos entre este grupo de jóvenes y la Fuerza Pública, por el temor infundado a ser víctimas de saqueos, actos vandálicos o violentos.
Por esta razón, como Administración Municipal, nos parece justo exponer a la opinión pública, las razones por las que consideran que detrás de esta difícil situación, ha existido una total falta de autoridad por parte de las directivas de la institución, quienes han sido permisivas con estos individuos, en el uso de las locaciones.
Y lo decimos por varias razones. Primero, porque desconocemos de acciones que hayan realizado las directivas de la Universidad, para evitar que sus instalaciones sigan albergando a estos delincuentes encapuchados, que atemorizan a la ciudadanía. De hecho, el pasado 10 de junio, le solicitamos al Rector, como respuesta a inquietudes generadas desde el Puesto de Mando Unificado, del que hacen parte los entes de control, el Ministerio Público, y las autoridades militares y de policía, nos informara justamente qué acciones estaban desarrollando, y por qué no solicitaban apoyo a las autoridades para evitar que el claustro académico fuera tomado como refugio de estos vándalos, teniendo en cuenta que para la fecha, era un hecho comprobado que estas personas, ingresaban y salían desde allí constantemente.
La respuesta a ese interrogante se dio en dos momentos. Uno, de forma verbal por el propio Rector en un Consejo Extraordinario de Seguridad, en el que manifestó que estos individuos no eran estudiantes, sino foráneos que prácticamente secuestraban las instalaciones, pues ingresaban intimidando a los celadores. La segunda respuesta la entregó en carta e Rector, en oficio proyectado por el jefe de la Oficina Jurídica, Vladimir Salazar, señalando que se había faltado el respeto a los estudiantes, al llamarlos vándalos y que, al parecer la Fuerza Pública, había violado la autonomía de la universidad al intentar ingresar a sus instalaciones. En ninguna de las dos respuestas se habló de las acciones que la institución estaba adelantando para evitar la situación.
No obstante, solo hasta el 19 de julio, se conoció que radicaron una denuncia ante la Fiscalía, de dos artefactos explosivos que al parecer encontraron el 17 de julio los celadores de la institución, para establecer los posibles responsables de este hecho, sin condenar la presencia de personas externas a la universidad, al interior de la misma, como lo han manifestado ante nosotros.
Segundo, no entendemos por qué, en medio de la pandemia y con poca actividad académica presencial en la universidad, esta seguía abierta al público e incluso prestando servicios como el del restaurante.
Tercero, por qué, aunque señalan que los que protagonizan los hechos vandálicos e irrumpen en condición de encapuchados a la universidad, no son estudiantes, se señaló que la Fuerza Pública violó la autonomía universitaria el pasado 3 de junio, cuando persiguiendo a estas personas, llegaron al parecer, hasta la puerta de la institución.
Cuarto, entendemos que la universidad se encuentra en un proceso de interinidad que ha afectado el desarrollo académico – administrativo, pero no sabemos por qué la vocería de las posturas oficiales, la han tomado otros directivos. Y lo decimos porque en un PMU al que fue convocada la entidad a participar, asistió Alfredo Vargas Ortiz, Secretario General, como representante, y nos instó a tomar acciones contundentes contra estas personas, señalando que esta era una situación de orden público y era responsabilidad de las autoridades controlarla. Algunos asumieron que esta posición autorizaba a las autoridades para establecer acciones al interior de la institución y evitar nuevos hechos, sin embargo, por no tratarse del representante legal de la institución, no lo asumimos como una decisión oficial.
Ahora nuevamente en un oficio firmado por el Secretario General, en el que extralimitando sus funciones, me cita a mí y a varios de nuestros secretarios a una reunión, como si la universidad fuera autoridad sobre la Alcaldía. Por esa razón no asistimos a la convocatoria realizada, porque quien envía la carta no es la máxima autoridad de la institución, y segundo, porque consideramos que es prudente, resolverse la interinidad administrativa que se tiene, para buscar soluciones definitivas, con la persona que finalmente se determine, deberá continuar al frente de la institución.
No obstante, en dicha comunicación, algo que nos llamó la atención, es que según el funcionario que se dirige a nosotros, se reconoce que los protagonistas de estos hechos son jóvenes externos a la institución, algunos de ellos menores de edad, lo que ratifica nuestra necesidad por tomar acciones inmediatas.
En quinto lugar, no entendemos por qué no se han denunciado desde la institución académica, hechos como la intimidación violenta contra los celadores para ingresar al claustro académico, o el uso de ellas, para llevar allí, a un médico de la Clínica Medilaser, que al parecer fue sacado violentamente del interior del centro de salud.
Si quienes cometen estos actos, son personas ajenas a la institución, y es comprobado que están cometiendo actos delictivos y vandálicos, ¿por qué no han denunciado y colaborado con las autoridades para capturarlos y procesarlos?
¿Debe ser usada la autonomía universitaria como herramienta para ser cómplices de los delincuentes? Y lo que es peor, ¿está la autonomía universitaria por encima de la Constitución para impedir el actuar de nuestra Fuerza Pública?
Son preguntas que surgen y que hacen parte de este debate, pero lo cierto es que como autoridad estamos maniatados ante esta situación, pues no podemos actuar si nuestra universidad pública sigue siendo coaptada por estas personas.
En ese sentido, es clara nuestra disposición a un diálogo permanente con los directivos de la universidad para buscar salidas, pero debe partir de ellos el deseo para que como autoridad, intervengamos directamente para evitar que las instalaciones académicas sigan siendo guarida de personas que solo buscan sembrar terror, pánico y zozobra en la ciudad.
De nuestra parte ha existido y seguirá existiendo toda la disposición institucional al diálogo y a entablar caminos de entendimiento con organizaciones de Derechos Humanos, así como activistas juveniles populares, como lo hemos realizado en las mesas previas de coordinación, como antesala a cualquier manifestación que se programa. Y aquí quiero reconocer el trabajo que vienen haciendo la Red Jurídica Huilense y la Comisión Popular de Salud, así como las distintas organizaciones defensoras de Derechos Humanos, que han sido piezas clave, en el proceso de diálogo que hemos adelantado en distintos escenarios, como la ocurrida el 20 de julio en el Puente El Tizón, entre otras.
También hemos invitado a los directivos de este ente académico, a múltiples PMU que hemos desarrollado, Consejos de Seguridad, y a las dos Mesas de Diálogo Comunitario que realizamos en el polideportivo de Santa Inés, muchos de estos espacios desarrollados sin presencia de ellos, pero siempre buscando de nuestra parte, caminos de entendimiento para encontrar una salida pacífica a esta situación.
Sin embargo, así como es nuestro propósito buscar salidas negociadas, también es nuestra obligación, velar por la seguridad y tranquilidad de todos los neivanos, razón por la que una vez más, instamos a las directivas de la Universidad Surcolombiana, a tomar acciones contundentes y rápidas, para evitar que sus instalaciones sigan siendo guarida de personas externas a la institución, cometiendo delitos y les permitan a los Jueces de la República, de esta forma, judicializar a estas personas y acabar con esta situación que se ha vuelto reiterativa”, puntualizó el Comunicado.
