DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS

Por: Rolando Monje Gómez

El Gobierno y algunos congresistas buscarán la aprobación de estas propuestas en el proyecto de presupuesto. El Congreso tiene plazo hasta hoy para aprobar el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación del 2022 y seguramente lo hará en medio de una fuerte discusión por estos dos artículos que han generado polémica.

Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, discutían ayer, en último debate el articulado del presupuesto general de la nación para el 2022, fijado en un monto total de $350,4 billones, y que luego del primer debate llegó sin mayores cambios manteniendo dos de los artículos que más se han discutido en las últimas semanas: el traslado exprés de fondos de pensiones a Colpensiones para ciertos trabajadores y el que habilita la contratación pública sin tener en cuenta el límite de prohibir estas iniciativas cuatro meses antes de las elecciones del próximo año, más conocido como ley de garantías electorales.

En este último punto, la ponencia presenta algunas especificaciones, siendo la más importante que la Contraloría General de la República hará control de la ejecución de estos recursos desde la aprobación de las iniciativas y se establece que la solicitud de eliminar esta disposición es para fomentar la reactivación económica y la generación de puestos formales de trabajo, por lo que las modificaciones permitirían la contratación y la suscripción de convenios interadministrativos en época electoral, y no perjudicar la reactivación económica, según ha argumentado el Gobierno nacional.

Los argumentos de la oposición a la reforma de este artículo son que suspender los efectos de la Ley de Garantías es perjudicial y se presta para cometer hechos de corrupción, ya que se está abriendo la puerta, para la entrega de mermelada en plena época electoral.

El otro de los temas polémicos es el artículo que le permitiría a miles de colombianos trasladarse de forma exprés de fondo de pensiones y regresar al régimen público, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos. Esta ventana pensional, que ha sido defendida en el Congreso, podría beneficiar a algunos colombianos que no tuvieron una adecuada asesoría y se vieron perjudicados al trasladarse a los fondos privados de pensiones, beneficiando a quienes le falten menos de 10 años para pensionarse, es decir, hombres mayores de 52 años y mujeres mayores de 47, pero que ya hayan estado anteriormente en el régimen público, es decir, en el régimen de prima media durante más de 750 semanas.

El artículo no cobijaría a todo el mundo, ayudaría más o menos a entre 20.000 y 30.000 personas, pero con el proyecto de ley de ventana pensional se estaría abriéndole la posibilidad de se beneficien alrededor de 466.000 personas que fueron víctimas de los fondos privados.

Para el segundo debate, la ponencia presentaba varias novedades. Mientras en el primer debate en las comisiones económicas fueron aprobados 126 artículos, lo presentado el viernes lo componen 139 artículos, o sea 13 puntos nuevos y adicional a esto trae también 12 modificaciones.

Uno de los que ha suscitado mayor controversia el 125, el ya mencionado que modifica la Ley de Garantías, que algunos sectores habían solicitado el retiro de este numeral finalmente fue modificado e incluye algunas aclaraciones para este debate.

El Congreso tiene plazo hasta hoy para aprobar el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación del 2022 y seguramente lo hará en medio de una fuerte discusión por estos dos artículos que han generado polémica.

Respecto al proyecto de ley que aprobaron las comisiones económicas del Congreso, tampoco hay mayores cambios, uno de los cuales tiene que ver con que se puedan utilizar para contratar operaciones de crédito público, los dineros que llegan para inversión regional del Sistema General de Regalías con el objeto de financiar proyectos de inversión de infraestructura.

Propuestas de modificación

Inclusión Social ($1,3 billones): $865 mm dirigidos a completar los giros de las transferencias monetarias condicionadas (1,5 ciclos de Familias en Acción) y no condicionadas (Compensación de IVA), $130mm para las obras de infraestructura social que impulsan el empleo en las regiones, al desarrollo de la primera infancia, niñez y adolescencia y la protección para su restablecimiento de derechos y nutrición $265mm; y apoyo para la construcción del museo de la memoria, $14,8 mm.

Sector Minas y Energía ($1,01 billones): Se adicionaron recursos del orden de $779 mm en el rubro de los subsidios de energía y gas para beneficiar a usuarios de menores ingresos de estratos 1,2, y 3, así como en el FOES, para el subsidio a usuarios en las zonas de difícil gestión en el país. Igualmente, se incluyeron $200 mm para proyectos de energización a cargo del IPSE, en las zonas no interconectadas de Colombia, y $32 mm en la ANM, con recursos propios, para el pago de una sentencia de acción de grupo, del Tribunal Administrativo del Departamento del Chocó.

Sector Salud ($658 mm): Se adicionan $450 mm para el aseguramiento en salud derivados de la mayor presión por los ajustes implementados en la presente vigencia en las estimaciones de presupuestos máximos, por servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC, $150 mm para el fortalecimiento de infraestructura del sector, y se incorporan $54mm del INVIMA provenientes de excedentes financieros que cubrirán las necesidades de inversión de la entidad originadas con ocasión de la aplicación de lo dispuesto en la Ley 2069 de 2020 y $4mm para gasto de funcionamiento del Instituto Nacional de Salud.

Sector Transporte ($540 mm): Se dispusieron recursos adicionales por $45 mm en Cormagdalena, para el dragado del canal de acceso al Puerto de Barranquilla, $100 mm en la ANI, para la atención de puntos críticos en la vía Bogotá-Villavicencio y para la estructuración del Ferrocarril del Pacífico, y finalmente $395 mm para Colombia Rural a cargo del Invías.

Sector Presidencia ($534 mm): En gastos de inversión $39 mm para la administración, ejecución y seguimiento de recursos de Cooperación Internacional. En gastos de funcionamiento $350 mm para atención de desastres y emergencias del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y $145 mm para el Fondo de Programas Especiales para la Paz en la ARN.

Sector Hacienda ($464 mm): En gastos de inversión recursos por $209 mm, para los sistemas de transporte masivo por $60 mm (Pasto, Montería, Sincelejo, Bucaramanga y Medellín), $20 mm para Fonbuenaventura, $118,4 mm en el proyecto de apoyos para inversión a nivel nacional; y para el Fondo Adaptación $10 mm en gastos de inversión. En gastos de funcionamiento $400 mm de provisión para atender necesidades de vacuna contra el Covid-19, y se reduce en $145 mm para la ARN con el fin de atender el Fondo de Programas Especiales para la Paz.

Sector Vivienda ($445 mm): Se adicionó el presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) para los programas de agua potable y saneamiento básico ($140 mm), así como para seguir impulsando el programa de subsidios de vivienda ($200 mm). Igualmente, se incluyeron recursos por $105 mm para créditos, en cabeza del MVCT, para diversos programas en cumplimiento de su misión, tanto para temas de vivienda, como de agua.

Sector Planeación ($383 mm): Se incluyeron $500 mm en el rubro de apoyo a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, y $100 mm para el “Pacto” del Departamento del Magdalena. Por otra parte, se redujeron $ 217 mm en la Superintendencia de Servicios Públicos, principalmente, atendiendo la solicitud de la entidad en cumplimiento de la sentencia C147 que declaró inexequible la ampliación de la base del cobro de la contribución adicional, contemplada en la ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo.

Sector Defensa y Policía ($345 mm): El sector presentó una adición neta de $345 mm en el presupuesto de gastos de inversión, destinada a fortalecer la renovación y modernización del equipo aeronáutico de la FAC a nivel nacional ($145 mm) y las misiones aéreas policiales en el territorio nacional.

El proyecto de ley de presupuesto para 2022, incluyendo los cambios propuestos en el pliego de modificaciones aprobado por las Comisiones Económicas en primer debate, incorpora las necesidades de gasto conocidas a la fecha de su presentación y asciende a $350,4 billones, que representa un incremento del 5,3% respecto al monto correspondiente aprobado por la Ley 2063 de 2020. De esta cifra, el 59,8% corresponde a gastos de funcionamiento, el 20,8% al pago del servicio de la deuda y el 19,5% a inversión.

Otros elementos

Algunos de los puntos nuevos que se adicionaron en el articulado son el art. 126, que propone que la Nación o cualquier otra entidad pueda hacer aportes directamente al patrimonio autónomo Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y el 129, que permitiría durante la vigencia fiscal de 2022 que los recursos del Fondo de Seguridad Vial financien proyectos de construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias, así como obras a cargo del Invías, esto con un tope de hasta por $70.000 millones.

Con los recursos de la asignación para la Inversión Regional del Sistema General de Regalías, contratar operaciones de crédito público para la financiación de proyectos de inversión de infraestructura, y para ello se propone la creación de un Patrimonio Autónomo – Fondo Regional.

La contratación en tiempo electoral es uno de los artículos que mayor controversia ha generado.