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Ley de insolvencia, espera reforma en el Congreso

Jul 13, 2021

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DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO

Por: Rolando Monje Gómez

Actualmente ante el Congreso de la República, se adelanta una reforma a Ley de Insolvencia, mecanismo que hasta ahora había sido pensado como un salvavidas, para los deudores que enfrentan crisis económicas.

A enero de 2021, en Colombia, 633.125 deudores se encontraban en cesación de pagos de sus obligaciones de consumo, con mora mayor a 90 días, por lo que podrían ser potencialmente beneficiarios del régimen de insolvencia, según los registros de la Superintendencia Financiera,

En medio de las crisis económicas que enfrentan los colombianos, ante el Congreso de la República se adelanta una reforma a la Ley de Insolvencia, mecanismo que hasta ahora había sido pensado como un salvavidas, una segunda oportunidad para los deudores que enfrentan crisis económicas: el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante.

Según los expertos el proyecto de Ley No. 064 de 2020 C, acumulado con el proyecto de Ley No. 114 de 2020 C. y con el proyecto de Ley No. 333 de 2020 C, “por medio de la cual se modifica el Título IV de la ley 1564 de 2012”, plantea reformas que no son acertadas, porque desconocen la naturaleza del procedimiento, perjudican a los deudores, favorecen a algunos tipos de acreedores, rompiendo el equilibrio del proceso, e incluso llegan a vulnerar principios y derechos constitucionales de los deudores y los acreedores.

Los Registros del SICAAC del Ministerio de Justicia y del Derecho, en Colombia indican que se han tramitado 8.850 casos de insolvencia desde el 2016, lo que representa un 1,39% de los deudores que se encuentran en cesación de pago de sus obligaciones por más de 90 días.

El desconocimiento de la gente sobre las posibilidades de la norma, hacen parte de las razones por las cuales pocas personas deciden acogerse a esta figura, pero desde su creación la ley ha beneficiado a unos 10 mil colombianos, según datos del Ministerio de Justicia, a cerca del 94% de las personas les mejoró la situación financiero cuando se acogieron a ella. Según datos de este Ministerio, 6 de cada 10 personas que entran en procesos de insolvencia llegan a acuerdos de pago.

Sin embargo, y a pesar de ser un salvavidas, muchas personas la desaprovechan ante la falta de información sobre el proceso. ¿Por qué, si este instrumento ha sido de gran utilidad en los últimos años, muy pocos se acogen a ella?

No obstante, se busca fortalecer este mecanismo y actualizar los lineamientos de funcionamiento, por eso el Congreso viene trabajando en ajustes de la norma.

Se presentaron cuatro iniciativas distintas, que se unieron en una única, que es la que se debate actualmente y se quieren reformar algunos problemas que hay, mejorar la vigilancia, pero también hay temas muy mal planteados por parte de una de las iniciativas.

Dentro de estos temas de esta reforma están las prebendas que pretenden las entidades de economía solidaria (especialmente las cooperativas), que no representan un factor determinante en las insolvencias, solo están presentes en pocos trámites y sus montos son insignificantes para la negociación y en la aplicación de la ley ejercen políticas que impiden el desarrollo de las negociaciones, desconociendo el principio de igualdad que rige el proceso.

Los bancos son los guardianes de los ahorros de los colombianos y las cooperativas son garantes de los ahorros de sus asociados, por lo que no habría una gran diferencia entre el ahorro de un colombiano promedio que el de un cooperado. La reforma sacrificaría la protección del crédito y del consumidor para proteger al sector solidario, estableciendo mayores exigencias para declararse en insolvencia si el deudor tiene créditos con empresas de economía solidaria.

Una mala idea dentro de esta reforma es que la ley crearía una burocracia innecesaria: creando una lista de personas no aptas para asesorar en finanzas personales y poniendo al Estado a competir en un negocio de particulares con ningún beneficio para el ciudadano, generando gastos innecesarios para el mismo Estado.

La nueva reforma pondría en cintura algunos centros de conciliación y notarías y endurecer los castigos a los deudores y a algunos abogados y asesores que de mala fe quieren aprovecharse de la ley.

Por otro lado, la vigilancia del Ministerio de Justicia debería ser fortalecida en lo que respecta a los asuntos de la insolvencia persona natural no comerciante.

La Cámara de Representantes está contemplando dentro de este proyecto de reforma el uso de recursos del Fome, ya desfinanciado, que provocaría un sinnúmero de insolvencias muy convenientes para la burocracia que se pretende crear generando un posible riesgo al sistema financiero colombiano.

Lo que se pretendió hacer con la Ley, era ofrecer una segunda oportunidad a las personas y que no duraran toda la vida perseguidas, demandadas o embargadas, todo a partir de contar con la buena fe.

¿Dónde declararse en insolvencia?

De los 200 centros privados de esta categoría que hay en el país, solo 36 han solicitado habilitación para llevar estos trámites. El problema es que cobran y por eso los interesados suelen abstenerse de acudir.

Solo dos operan a instancias de consultorios jurídicos de universidades, los demás no suelen comprometerse con esos procesos porque funcionan con estudiantes que no tienen la permanencia suficiente.

Las entidades públicas, entre las cuales se destacan las personerías y la Procuraduría: Hay 42, pero no cuentan con la capacidad humana y técnica para cubrir la demanda que se presentaría por ser gratuitos.

Autor: WebMaster

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