Organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios alertan sobre la premura en el trámite ambiental de algunos proyectos claves para el país como el fracking, glifosato, el arroyo Bruno y Santurbán, así como la falta de vigilancia a ‘Liberó Cobre’, en Putumayo. Entidades encargadas de otorgar licencias ambientales como la Anla, aseguran que resuelven las solicitudes en los plazos estipulados por la ley con rigurosidad técnica.
A finales de marzo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) concedió la licencia ambiental que dio vía libre al primer piloto de fracking en Colombia en Puerto Wilches (Santander). Pese a que la entidad argumentó que la decisión cumplió con todos los parámetros técnicos y jurídicos, la decisión no cayó bien en las comunidades. Por eso, activaron acciones jurídicas para frenarlo.
Entre tanto, organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios también expresaron su preocupación por los “afanes del Gobierno” de dejar marchando los pilotos de fracking antes de terminar su mandato. La misma premura que se advierte sobre la posible reactivación de las fumigaciones con glifosato, la extracción de carbón en el cauce original del arroyo Bruno, la delimitación del páramo de Santurbán o el proyecto Libero Cobre en Mocoa (Putumayo).
Una de las alertas es de Rosa Mateus Parra, abogada del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), quien manifestó que, “Estamos ante un estado corporativo. Creemos que el gobierno ha tenido un discurso en lo internacional hacia la protección y la defensa de los páramos, pero a nivel interno se advierte lo contrario: es un gobierno que avanza en licenciamiento y que permite que sus entidades no cumplan con sentencias de la Corte Constitucional”. Un afán que, según Mateus, se evidencia en los tiempos cortos con los que algunas entidades están actuando, como sucedió en el caso del piloto de fracking en Puerto Wilches.
Finalmente, según el abogado ambientalista Rodrigo Negrete Montes, quien además apoya procesos de defensa del territorio en Tolima, Antioquia, Tribugá y Caquetá, esa licencia ambiental otorgada a Ecopetrol para el piloto de fracking fue otorgada en menos de cinco meses.
