Desde que renunció Martha Lucía Zamora como directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, han salido a la luz pública una serie de denuncias sobre los líos que atraviesa el Canciller de la República, Álvaro Leyva. Inclusive sobre el supuesto maltrato del que objeto esta funcionaria por parte de este alto ministro de Estado. Aunque el presidente de la República, Gustavo Petro, ha expresado su independencia sobre la manera como se ha llevado la defensa de la Nación en varios temas y quiero profundizar de otra manera en la defensa el poder público, es decir, defender el interés general de la sociedad colombiana. El supuesto abuso de autoridad por parte del canciller Álvaro Leyva, en medio de serias denuncias de posible conflicto de intereses y ante la realidad de que el Gobierno no supo cómo manejar la licitación de pasaportes.
De nada ha servido la soberbia como el Canciller ha planteado ante la opinión pública, el tema oscuro de la suspensión de la licitación para fabricar los pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons, lo cual ha generado sendas demandas, contra el gobierno nacional, que atentan con los recursos del erario, luego que fallara la conciliación entre la empresa y la Cancillería por la millonaria licitación de éstos. El criterio porque era el único proponente que cumplía con todos los requisitos, lo cual se ajusta a la normatividad contractual del sector público.
Compartimos el criterio en cuanto a que cuando el único proponente si cumplía con todos los requisitos, debía ser adjudicado este contrato esta organización empresarial. La justicia dirimirá este lio contractual que tiene en jaque la imagen de este ministerio. No había necesidad ni se justificaba que se declarara desierta la adjudicación de esta licitación y así evitar demandas innecesarias contra la Nación.
El martes anterior, el apoderado de la empresa Thomas Greg, Juan Pablo Estrada, presentó ante el tribunal administrativo de Cundinamarca la demanda contra la Cancillería por la declaratoria de desierta de la licitación en la que ellos resultaron como elegibles. La Unión Temporal señaló, sin embargo, que mantiene el ánimo conciliatorio. De hecho, antes de que arranque el pleito, por 117 mil millones de pesos habrá un nuevo espacio para conciliar. Pero detrás de este litigio judicial sean denunciado algunos supuestos manejos irregulares al interior de este despacho ministerial, lo cual coloca al gobierno nacional, en serios aprietos ante la opinión pública nacional, por la falta de transparencia en estos asuntos contractuales.
Hasta la Procuraduría General de la Nación ha tomado partida sobre estas supuestas irregularidades en la Cancillería. Lo que se buscaba era zanjar de manera extrajudicial una demanda en contra de la Cancillería y de su Fondo Rotatorio, por declarar desierta la licitación de suministro de pasaportes y visas, tasada en 599.000 millones de pesos.
