DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Rolando Monje Gómez
El Congreso de la República tuvo que acelerar durante la última semana, las plenarias para alcanzar a discutir una serie de proyectos de ley pendientes antes de que terminara la legislatura. Tanto el Senado como la Cámara, lograron aprobar más de diez normativas, hundieron otras y no se alcanzaron a votar otro tanto, generando polémica y denuncias por parte de políticos que aseguran que se han presentado sabotajes.
Los senadores y representantes a la Cámara retomarán sus actividades desde el próximo 20 de julio, después de la carrera contrarreloj para aprobar la mayor cantidad de leyes con miras a aprobar proyectos que no podían quedar en el tintero antes de salir a vacaciones.
De la ley que reducirá las vacaciones de los congresistas durante el primer periodo legislativo del año, se aprobaron los primeros cuatro debates de ocho. El acto legislativo busca modificar el artículo 138 de la Constitución Política para que los debates inicien el 16 de febrero y no el 16 de marzo.
El objetivo es reducir las ‘vacaciones’ del Congreso, para que sean de tres meses y no de cuatro. La iniciativa busca disminuir las prerrogativas con relación al resto de los ciudadanos porque hay sectores que deben desprenderse de sus privilegios”
Aunque la iniciativa estuvo a punto de hundirse por los tiempos, su plazo máximo era el último día, domingo 20 de junio, sin embargo el que la votación haya sido unánime aceleró el proceso. Por el momento resta que después del 20 de julio se lleven a cabo los debates de segunda vuelta, es decir otros cuatro debates debido a que se trata de una reforma constitucional.
Marítimos y económicos
Uno de los proyectos más importantes que vieron ‘luz verde’ en el Congreso, antes de finalizar el periodo, fue el de transición energética. Con la aprobación de esta ley, que ahora pasará a sanción presidencial, se busca desarrollar las energías renovables en el país y reducir las emisiones contaminantes de combustibles fósiles.
El proyecto busca mejorar los incentivos para las inversiones en energías renovables no convencionales, como la eólica y la solar; además permite extender estos incentivos a nuevas fuentes de energía como el hidrógeno azul y el hidrógeno verde. Se espera que se mantengan los beneficios tributarios y arancelarios dispuestos en la Ley 1715 de 2014.
Otra de las leyes económicas que se aprobó fue el proyecto que busca que Colombia fortalezca la industria marítima para aprovechar los océanos, buscando la generación de empleo y mejorar las condiciones de vida de 47 municipios costeros del país, que presentan altos niveles de necesidades básicas insatisfechas y niveles de pobreza inaceptables.
También busca generar una matrícula provisional a la nave por sede electrónica, mientras está en el extranjero, en un máximo de 72 horas, así mismo, el de conceder la matrícula definitiva en cinco días, reduciendo tiempos, trámites y requisitos para el registro único nacional de naves, además se unifican otros trámites.
Salud, familia y trabajo
Las empresas están obligadas a establecer un etiquetado minucioso del contenido de cada producto, así como las calorías y los posibles perjuicios a la salud, según el articulado, del proyecto de la ley que regula la publicidad de la comida chatarra.
La ley ordena que en Colombia todos los alimentos cargados de azúcar, procesados y ultra procesados tengan una etiqueta frontal claramente visible para el comprador, en la cual se diga la cantidad de calorías e ingredientes agregados al producto.
Algunos de los detractores del proyecto argumentaron de manera reiterada que se trataba de un proyecto que afectaría gravemente a la industria de comestibles y bebidas azucaradas.
Se trata de un importante proyecto de ley que pretende entregar información veraz y sencilla en los empaques de los comestibles.
También se aprobó la extensión de la licencia de paternidad que tiene por finalidad extender la licencia de paternidad hasta las ocho semanas y permite que de las 18 semanas que se dan como licencia de maternidad se puedan compartir seis semanas con el padre.
El primero de los cambios es que los padres tienen que contribuir al sistema, es decir, cotizar al sistema durante toda la etapa de gestación. Con esto se elimina cualquier posible incentivo perverso de que pagarán solo dos semanas y luego disfrutarán de todo su período de licencia de paternidad.
La licencia parental compartida se implementará con el objetivo de permitir que tanto el padre como la madre tengan corresponsabilidad en el cuidado de los hijos recién nacidos. La norma apunta a reducir incentivos para la discriminación laboral de las mujeres que están en edad reproductiva, así como promover que los hombres participen activamente en las labores del hogar.
Otra de las que llamó la atención fue la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales, sin tocar los salarios de los trabajadores, es decir, trabajarán menos horas pero por igual salario. A partir de 2023 se empezará a bajar una hora y así iría gradualmente bajando de a un año.
Algunos sectores criticaron el proyecto, considerando que el cambio de la jornada laboral va en el sentido totalmente contrario al que debería, encareciendo así la creación de empleo y afectando la competitividad.
Por último, también se aprobó el de cambios al régimen de inversiones en fondos de pensiones en Colombia, que busca que esos fondos destinen 3% de sus recursos a empresas o emprendimientos, en empresas o proyectos productivos nacionales.
Con esta importante iniciativa, se le inyectarán más de $9.5 billones al territorio y a las empresas, generando más de 150 mil empleos directos, buscando de esta forma fortalecer, por la vía de la inversión de los fondos, el tejido empresarial del país.
La aprobación de la reforma a la Procuraduría fue el que más polémica generó antes del cierre del periodo de sesiones.
Los polémicos
Otras proyectos aprobados que tienen relevancia en el funcionamiento del país, pero que han generado más controversias son la reforma a la justicia, los cambios al Código Disciplinario de la Procuraduría General de la Nación y la cadena perpetua a violadores.
El primero busca, entre otras cosas, catalogar la administración de justicia como un servicio público esencial y digitalizar el sistema jurídico con herramientas como el expediente digital para todas las ramas. La iniciativa fue trabajada desde 2012 y siempre terminaba hundiéndose porque considerarse que este hecho podría hacer más manipulable el sistema. Así mismo, señala que si bien facilita el acceso y los costos de los procesos, también implica una camisa de fuerza para los trabajadores de la rama judicial porque en caso de entrar a paro, estos podrían considerarse como ilegales bajo esa nueva óptica.
El Código Disciplinario de la Procuraduría también resultó polémico y aun así se aprobó con 53 votos a favor y nueve en contra. Según el mismo órgano de control, el cambio le permitirá a la entidad fortalecer los poderes que tiene y le otorga funciones jurisdiccionales y de policía judicial. También se le otorgan facultades al presidente de la República para reformar la planta de personal de esta entidad.
La razón por la que esto no es bien visto es que se señala que al otorgarle funciones judiciales al Ministerio Público podría ser utilizado con fines de persecución a dirigentes políticos de oposición. Así mismo, se cuestiona darle funciones de policía judicial al procurador para adelantar interceptaciones, allanamientos y otro tipo de procedimientos.
El proyecto de ley para permitir la cadena perpetua para violadores de niños en Colombia es la reglamentación de un marco de acción para que los jueces de la República para que ejerzan condenas en estos casos, y sería la primera vez que una medida de este calibre pase a ser ley en la historia de Colombia. Las objeciones acerca de la propuesta no son directamente hacia la misma, sino que se indica que, si la ley es aprobada por sanción presidencial, esta luego podría ser tumbada por la Corte Constitucional.
Otros aprobados
Adicionalmente, se aprobaron otros proyectos como la creación del Día Nacional de la Novia Eterna de Barranquilla, Esthercita Forero; la conmemoración del Día Nacional de la Mutualidad; el régimen de abanderamiento de naves y artefactos navales; y el reconocimiento del carriel antioqueño como Patrimonio Cultural de la Nación. Alrededor de estos hay mucha controversia porque los ciudadanos, e incluso algunos congresistas, señalan que estas normas no son relevantes para el país y las plenarias en las que se discutieron podrían haberse invertido en otros temas.
La principal molestia por la aprobación de los anteriores se debe a que mientras esos cuatro proyectos fueron debatidos, los congresistas no se tomaron el tiempo y la molestia de votar normas que afectan principalmente a quienes habita en las zonas rurales del país.
Pendientes de votar
Quedó pendiente votar por la jurisdicción agraria, que pretendía que los jueces se trasladaran hasta las zonas rurales para acelerar los procesos de restitución de tierras a los campesinos. Tampoco se alcanzó a votar el proyecto que prohibiría el fracking en Colombia porque no hubo quórum ya que la mayoría de los congresistas no se no se presentaron a la sesión.
Así mismo, el Acuerdo de Escazú quedó en veremos. El proyecto iba a ser votado el 17 de junio, pero al final se presentaron inconvenientes y la sesión no avanzó, por lo que la votación fue aplazada. Se esperaba que se convocara una nueva sesión durante el fin de semana, pero esto no sucedió, por lo que el proyecto quedó archivado.
Se resalta la importancia de este último punto ya que según la organización internacional Global Witness, Colombia ocupa el primer puesto de países con más asesinatos de defensores medioambientales reportados el año pasado, razón por la que políticos, activistas y grupos medioambientales aseguraron que era importante que se diera el debate en el Congreso y el país ratificara el acuerdo para así establecer garantías sobre el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales y la protección de líderes ambientales.
