Por: Luis Humberto Tovar Trujillo

Definitivamente la claridad meridiana con que la Procuradora General de la Nación se refirió en una reciente columna del Diario El Tiempo, demuestra que ese organismo de control está en sintonía con la realidad nacional, no se esconde ante los hechos y cuando hay que decir blanco a lo blanco y negro a lo negro, ahí está presente como autoridad disciplinaria.

“Si no se sienten capaces de asumir sus responsabilidades, HAGANSE A UN LADO”; toda una sentencia que interpreta esa malquerencia de los ciudadanos hacia los mandatarios locales y regionales, absolutamente incapaces e ineptos de enfrentar esta realidad perturbadora de la tranquilidad nacional, y creo, envía un mensaje subliminal para el presidente Duque, que también ha dado muestras de su ineptitud como mandatario.

Lo grave de todo es que esa ineptitud e incapacidad, raya en la complicidad para desestabilizar a Colombia; pareciera que hacen parte del mismo equipamiento destructor del País; parecieran, utilizando un término ciclístico tan de moda, coequiperos de la delincuencia, cuando a sabiendas, y en sus barbas retiran el ESMAD para que incendiaran un peaje en las goteras de Neiva.

Conductas como autorizar protestas en medio de una pandemia, casos de Cali, Medellín y Bogotá y otras ciudades de menor significación.

Haber autorizado esas “protestas pacíficas” que de pacificas no tienen nada, donde cada día aparecen actos vandálicos como la reciente destrucción del edificio de la Alcaldía de la Plata, y otros que vendrán, según los anuncios hechos por la delincuencia, y los alcaldes y el gobernador, brillan por su ausencia física y en sus decisiones.

Todo lo anterior reunido, y adicionalmente, pese a la prohibición de una juez de la república, que ordenó suspender esas autorizaciones de las protestas, haciendo caso omiso, todo un desacato judicial.

Autorizar en pandemia las protestas, es facilitar la proliferación masiva de la enfermedad a sabiendas de la no disponibilidad de elementos para atender la demanda de infestación, es delito de lesa humanidad.

Impedir que la Fuerza Pública haga uso de la fuerza legítima para repeler la agresión de la turba delincuencial, es una conducta omisiva en el ejercicio de las funciones de policía; y como consecuencia de ello, haber permitido las lesiones y muertes a los policías, es otra conducta por la que deben responder esos alcaldes incompetente e ineptos.

La fuerza del Estado es y debe ser superior a la de los agresores, es un acto legítimo que lo ampara el derecho, el estado de derecho.