En lo que va corrido del año se han presentado en el país cuatro hechos de desplazamiento masivo por semana, lo que, según la Defensoría del Pueblo, ha llevado a una situación de revictimización de la población campesina y étnica, que ha quedado expuesta a confrontaciones, amenazas y riesgo de reclutamiento forzado por parte de los diferentes grupos ilegales.

Para el organismo, todo ello impide el restablecimiento de derechos y garantías de no repetición.

“Fueron 16 eventos de desplazamiento masivo intraurbano y 14 eventos de desplazamiento masivo rural, los cuales afectaron a un total de 4.062 familias 11.150 personas, de las cuales el 90 % pertenece a comunidades étnicas del Pacífico colombiano. Y han sufrido confinamiento 40 comunidades en Chocó, Cauca y la costa nariñense”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Estos hechos de violencia protagonizados por diferentes grupos armados ilegales son consecuencia de las disputas territoriales que suceden en las comunidades rurales indígenas, en comunidades negras y campesinas, así como en zonas urbanas, como en Buenaventura, y otras donde prevalecen condiciones de vulnerabilidad, que la defensoría no solo ha detectado sino ha denunciado por las dificultades en materia de garantías de seguridad para excombatientes y sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, entre otros.