Tres años después de aprobarse la Ley 2138 de 2021, que obliga a sustituir vehículos de tracción animal, Colombia enfrenta un preocupante rezago. Miles de caballos, burros y mulas siguen siendo explotados, mientras gobiernos locales y nacionales alegan falta de presupuesto para implementar la normativa.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
Tres años después de la entrada en vigencia de la Ley 2138 de 2021, que exige la sustitución de vehículos de tracción animal, Colombia sigue lejos de cumplir con esta normativa. Según la senadora Andrea Padilla, aún se utilizan 6.253 animales, entre caballos, yeguas, mulas y burros, para el transporte de cargas, pertenecientes a 5.984 propietarios. Esta cifra refleja una realidad preocupante que combina maltrato animal con fallas en la gestión estatal.
Fallas en la implementación de la ley
La ley establece la obligación de reemplazar los vehículos de tracción animal por motocargueros. Sin embargo, el proceso ha sido lento y desigual. Según el informe presentado por la congresista, 38 municipios no han reportado información sobre los animales utilizados, incumpliendo los lineamientos de la normativa.
Además, de las 26 gobernaciones consultadas, solo tres respondieron con datos sobre los avances en la sustitución. Entre las 192 alcaldías requeridas, únicamente 18 reportaron acciones concretas, lo que evidencia un preocupante nivel de desinterés y falta de compromiso en los gobiernos locales.
Los principales obstáculos señalados por las administraciones locales son la falta de recursos y la falta de apoyo financiero desde el Gobierno nacional. Según la senadora Padilla, el costo de sustituir cada vehículo por un motocarguero asciende a 23,4 millones de pesos, monto que incluye el trámite de licencias de conducción para los carretilleros.
Un problema de presupuesto y coordinación
La falta de presupuesto ha sido el argumento común de las entidades locales para justificar el incumplimiento de la ley. A esto se suma la crisis financiera que afecta a varios sectores del país, lo que dificulta la priorización de este tema en las agendas gubernamentales.
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Ante la inacción, los ministerios de Ambiente, Transporte y Agricultura, junto con el DANE y el DNP, han acordado crear un subcomité para hacer seguimiento al proceso de sustitución. Sin embargo, este anuncio llega tarde para miles de animales que siguen siendo explotados diariamente.
El costo del maltrato y la desigualdad
El uso de animales para la tracción de vehículos representa una forma de maltrato animal, ya que estos seres sintientes son sometidos a cargas excesivas y jornadas agotadoras. La mayoría de los carretilleros son hombres, representando el 87% de los propietarios de estos animales, quienes muchas veces dependen económicamente de esta práctica.
No obstante, la falta de implementación de la ley afecta tanto a los animales como a las comunidades involucradas. Sin alternativas claras y efectivas, los carretilleros se encuentran en un limbo que perpetúa esta problemática.
Una deuda ética y legal
La Ley 2138 de 2021 representa un avance significativo en términos de bienestar animal y desarrollo sostenible. Sin embargo, su incumplimiento pone en evidencia las fallas del Estado para garantizar la protección de los animales y el bienestar de los ciudadanos afectados.
Mientras el subcomité anunciado avanza en sus tareas, es crucial que las autoridades locales y nacionales prioricen el cumplimiento de la ley. Esto implica asignar recursos adecuados, establecer mecanismos de monitoreo efectivos y garantizar que las comunidades vinculadas al uso de vehículos de tracción animal reciban el apoyo necesario para hacer la transición hacia métodos más éticos y sostenibles.
En este contexto, la inacción no solo afecta a miles de animales, sino que también perpetúa una deuda ética con los seres sintientes y los ciudadanos que dependen de ellos para subsistir. Es hora de que el Estado cumpla con su responsabilidad y demuestre que el respeto por la vida y el bienestar no son negociables.
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