En un pronunciamiento a través de redes sociales, el exministro de Salud de Educación Alejandro Gaviria encendió el debate político al expresar sus preocupaciones sobre el estado de las instituciones electorales en Colombia, particularmente la Registraduría, de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
Gaviria publicó en su cuenta en X un video en el que cuestiona la posibilidad de una transición de poder democrática y pacífica, alertando sobre la intervención de entidades gubernamentales en el proceso electoral.
El exministro señaló directamente al gobierno del presidente Gustavo Petro de realizar una «estrategia deliberada» para socavar la confianza en las instituciones electorales. Según Gaviria, este debilitamiento institucional responde a un intento de influir en los comicios y evitar un eventual cambio de mando. «El Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, se ha dedicado de manera sistemática a minar la confianza en las instituciones electorales en general y en la Registraduría en particular”, dijo Gaviria en sus publicaciones.
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Gaviria expuso tres aspectos clave que sustentan su preocupación. En primer lugar, señala una postura crítica del Gobierno hacia la Registraduría, resaltando que funcionarios de la administración de Petro han cuestionado de manera reiterada su transparencia y funcionamiento. «Los demócratas se definen por su disposición a perder. Esto es, aceptan las reglas de juego democráticas y, si pierden, conceden sin dilación. Petro no parece estar dispuesto a eso«, afirmó el exministro, sugiriendo que el presidente no estaría comprometido con la alternancia democrática.
Como segunda alerta, Gaviria habló de un supuesto “hostigamiento deliberado, presupuestal y legal a la Registraduría General de la Nación”, intensificado en las últimas semanas. Según él, estas medidas obstaculizan la autonomía de la Registraduría y su capacidad para cumplir con las demandas logísticas del proceso electoral, desde el manejo del material electoral hasta el preconteo de votos. Además, advirtió sobre una posible intervención del Gobierno en el proceso de contratación de la firma encargada del preconteo, señalando que “va a ejercer a la brava un poder de veto” sobre la elección de esta empresa.
El exministro finalizó su análisis señalando que estas acciones podrían configurar “el verdadero golpe blando a la democracia colombiana”.
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