El próximo miércoles, se cumple el primer mes de la posesión del presidente Gustavo Petro, donde sus anuncios gubernamentales, se han convertido en una absurda polarización política, que no es necesaria. A pesar de la buena intencionalidad del gobierno nacional en la búsqueda de la paz total las iniciativas legislativas presentadas y con los anuncios de los diferentes ministerios, han empezado a generar una incertidumbre general en amplios sectores de opinión. La soberbia y la arrogancia de algunos voceros del Pacto Histórico han desencadenado una oposición gratuita, al inicio del presente cuatrienio.
Este panorama debe corregirlo el propio presidente de la República. No podemos seguir generando más antagonismos de los que han existido en otrora. En editoriales anteriores, se han analizado estos anuncios del gobierno nacional. Controvertidas han sido algunas iniciativas del gobierno nacional, que buscan debilitar el accionar de las Fuerzas Militares y de la Fuerza Pública, que han provocado preocupación entre los diferentes actores de la opinión pública, dado el incremento de actos delincuenciales en algunas regiones del país. Así quieran enfocar, tales iniciales gubernamentales, para propiciar las condiciones de buscar la paz total, los eventos sucedidos recientemente como el aumento de las invasiones de tierra, masacres, descuartizados, inseguridad ciudadana, aumento del narcotráfico, entre otros, que están generando un proceso de incertidumbre en las familias colombianas. Consideramos que esa no es la vía correcta, dados los niveles agresivos y la violencia que han venido acentuándose desde periodos presidenciales anteriores. No se puede debilitar el accionar de estas instituciones.
El desespero fiscal del gobierno nacional, para buscar el saneamiento de las finanzas públicas han vuelto a revivir la propuesta de las anteriores administraciones de vender algunos activos estatales, entre las que se encuentran varias electrificadoras. La del Huila, revive el interés de subastarla. La decisión expresada por el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, dichos activos no se venderían al sector privado, sino a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) o al Grupo de Energía de Bogotá (GEB). Igualmente, las amenazas del ministro del Interior Alfonso Prada, de convocar protestas sociales para buscar respaldo a la reforma tributaria, que se presentó al legislativo, lo cual es absurdo, porque es la primera vez que se convocaría a los sectores populares para que se les aumenten los impuestos. Es risible.
Implementarle tributos a las iglesias y otros anuncios que rompen la institucionalidad vigente, al igual que la intencionalidad de suspender las exploraciones petroleras y de gas en el país, dejan al descubierto un desconocimiento real del manejo del Estado y su correlación estrecha con el sector productivo del país, que pueden generarle al primer mandatario de los colombianos una férrea resistencia para el cumplimiento de sus sanos objetivos condensados en sus propuestas. Recordemos que la paz con hambre no se logra.
