En las últimas semanas, Colombia ha registrado una lluvia de solicitudes de revocatoria de alcaldes que deberían generarnos preocupaciones e inquietudes. La figura de la revocatoria aparece con la Constitución de 1991 y, desde entonces, se ha intentado alrededor de 200 procesos de los cuales solo uno terminó en la revocatoria del mandato de un alcalde en el municipio de Tasco, Boyacá, lo cual demuestra que esta figura, aunque esté en la norma, tiene efectos prácticos limitados y nos confirma que en Colombia casi todo proceso de revocatoria termina siendo inviable e inconveniente.

Los 28 procesos de revocatorias en marcha, por supuesto, responden a unas inconformidades de unos sectores de la sociedad que consideran que algunas decisiones tomadas por los gobernantes no reflejan el interés general y que, por el contrario, están generando un impacto negativo en las finanzas públicas y en el bienestar de la población. No obstante, no queda claro cómo se están estableciendo objetivamente esos criterios para retirar el mandato popular y eso nos sumerge en un debate de percepciones y no de realidades, como debería ser.

Más allá de los aciertos y de los posibles errores de las gestiones de los mandatarios, las revocatorias anunciadas contra sus gobiernos se convierten en un ruido entorpecedor que dispersa la atención de sus Administraciones, que en estos momentos deberían enfocar sus esfuerzos en contener la pandemia, reducir el impacto económico negativo y adelantar los planes de gobierno con los que fueron elegidos. En la coyuntura actual, donde hay ciudades con tasas de desempleo que oscilan por el 20% y con una emergencia de salud pública apremiante que nadie esperaba, las prioridades deberían ser otras y no emprender procesos costosos y desgastantes como las revocatorias.

No obstante, que existan unos procesos de revocatoria en unos momentos de crisis tan aguda para el país habla de la necesidad de pensar en cómo se está adelantando el debate público en Colombia. La respuesta inmediata ante lo que se considera una falla en la gestión de un gobernante no puede ser la revocatoria de su mandato, sino que debería privilegiarse herramientas como el control político, el control social, el control fiscal o el control disciplinario, que finalmente deberían servir para que la oposición y la ciudadanía en general puedan controvertir, proponer y revisar las distintas decisiones. Además, no se compadece con la realidad del país que estos procesos cuesten $150 mil millones, según estimaciones de la Registraduría, y que empujen al país a una inestabilidad institucional a todas luces inconveniente.

Sin embargo, desde las distintas Administraciones estos procesos de revocatoria deberían acelerar y precipitar una profunda reflexión sobre la necesidad de abrir canales de comunicación más amplios con esos sectores de la sociedad críticos u opositores, que desemboquen en propuestas y visiones alternativas para robustecer la gestión pública y, sin renunciar a la oposición legítima y a la crítica, llegar a consensos. Algo que nuestro país reclama afanosamente, más en tiempos de crisis.