La Administración Municipal, mediante el decreto 0429 del 23 de agosto de 2024, inició un proceso de reestructuración administrativa, que incluyó el despido de 80 trabajadores profesionales. El alcalde Germán Casagua, justificó esta medida como parte de un esfuerzo por reducir los gastos de funcionamiento.
El decreto detalla la eliminación de 80 plazas de profesionales, entre ellos universitarios, especialistas, auxiliares administrativos, técnicos administrativos, auxiliares de servicios generales y líderes de programa, la mayoría vinculados de manera provisional. Tres de estos empleados estaban encargados provisionalmente de sus funciones. Y según el decreto, solo aquellos con fuero de estabilidad laboral, como quienes están próximos a pensionarse, madres cabeza de hogar, madres con hijos con discapacidad, o quienes cuentan con fuero sindical, mantendrán sus puestos hasta que se presenten cambios en sus condiciones.
Despido irregular
En relación a una problemática relacionada con demandas contra el Municipio, a causa del despedido de empleados, Ambrocio López, abogado especializado en temas laborales expresó: “pareciera que hubiera hecho carrera en Colombia, que quien llega a administrar un ente público, actúa como si lo tuviera escriturado, pero no, hay unas reglas que no pueden ser burladas, y este desconocimiento conlleva a que los jueces de la República, tengan la tarea de corregirlas”.
Millonarias demandas
Las consecuencias, son el pago económico de todo el tiempo que duro despedida, que constituye en un detrimento patrimonial para la Administración Municipal.
El abogado agregó en relación a sí había más trabajadores afectados, “creo que son cerca de 43 empleados los que fueron despedidos, ellos están reclamando y hay unos con fuero circunstancial. La Administración Municipal de manera muy ligera, argumentó que iba a despedir trabajadores y no tuvo en cuenta los derechos de esos trabajadores, y va a ser una situación muy complicada que los jueces van a tener que resolver. Normalmente dirimen a favor de los trabajadores, porque son evidentes las equivocaciones de la Alcaldía”.
Municipio apeló la decisión
En este sentido, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, quien tenía la demanda interpuesta por la trabajadora contra la Alcaldía, resolvió: “declarar la señora Lina Paola Montero Quintero en su condición de funcionaria pública vinculada al municipio de Neiva, a través de decreto número 0059 del año 2023, tenía la condición de aforada sindical en el cargo de secretaria de la junta directiva de Sintrauntramune”.
En este sentido, el abogado del Municipio, interpuso un recurso de apelación en contra de la sentencia proferida.
“Sí se concedió el recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte demandada en contra la descendencia preferida, el cual se concede en el efecto suspensivo ante el Tribunal Superior de Neiva, Sala Civil, Familia y Laboral, a donde se enviará el proceso”, estipula el documento.
El decreto
Ahora, ante la escasez de recursos, que ha dado a conocer la Alcaldía de Neiva, los funcionarios indicaron que era necesaria una reestructuración y de esta manera se expidió el Decreto 0429 de 2024, con el que se inició un proceso de reestructuración administrativa que incluyó el despido de 80 trabajadores profesionales.
Cada uno de los empleados afectados recibió un correo electrónico con la resolución que oficializaba su desvinculación inmediata del cargo. El documento llevaba por título: “Por medio de la cual se declara el retiro del servicio de un funcionario vinculado por nombramiento provisional”, y añadía que la desvinculación se debía a la “supresión de cargos del Municipio de Neiva.”
El decreto especifica la eliminación de plazas de profesionales, entre ellos universitarios, especializados, auxiliares administrativos, técnicos administrativos, auxiliares de servicios generales y líderes de programa, la mayoría vinculados de manera provisional.
En este sentido, el pasado 26 de agosto del año en curso, Diego Suárez, presidente del sindicato Sintrauntramune, denunció, “entre los trabajadores despedidos, se encontraban tres miembros de la junta directiva de nuestro sindicato. Es injusto este retiro masivo, sentimos que es una masacre motivada por intereses políticos y una persecución por parte de la actual Administración”.
Tumbaron la ‘jugadita’
Hay que recordar que el pasado mes de junio del año en curso, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva, declaró la nulidad del Decreto 412 de 2023, el cual pretendía vincular a la Alcaldía de Neiva a 72 personas por provisionalidad, documento dejado por el exmandatario, Gorky Muñoz. Mandatario que elevó los gastos de funcionamiento a $154.000 mil millones.
Al respecto, Lourdes Mateus, concejal de Neiva, señaló. “Este decreto modificaba los Manuales de Funciones y a partir del mismo, se creó toda la base jurídica que permitió el nombramiento de varios cargos en provisionalidad y es el soporte del concurso que hace trámite en la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante el cual, la pasada Administración Municipal, pretendía nombrar alrededor de 250 cargos adicionales”.
“Aquí lo que sucede es que la modificación del Manual de Funciones, se hizo de manera irregular. El juez falló, indicando que había una falsa motivación, pues la Alcaldía, lo presentó como un acto administrativo compilatorio, cuando realmente se trataba de una modificación a los Manuales de Funciones, y a la planta de personal, sin haber tenido los estudios correspondientes, con el fin de acomodar perfiles específicos de amigos, familiares de políticos, que hoy en día quedaron en provisionalidad en la Administración Municipal”, reveló la cabildante.
Caso a favor
Y todo se dio gracias a los sindicatos, Asociación de Empleados de Carrera del municipio de Neiva, ‘Unión y Mérito’, y Organización Sindical de Servidores Públicos ‘Ossep’, quienes demandaron a la Alcaldía, por esta grave problemática, que sin duda afectaría, las ya por sí ‘golpeadas’ finanzas de la ciudad.
Asimismo, hace falta que se han expedidos dos Decretos el 017 y el 018, quienes ajustan la planta de personal.
“En este entendido, el concurso le hace daño a la capital opita, principalmente por que el tema financiero que es complicado, y la actual Alcaldía, no soportaría una carga de 250 personas de nómina adicionales. Esa Administración, aperturó unos trabajos y los dejó en provisionalidad, fueron 72 en total y el concurso es por la cifra ya mencionada”, reveló la funcionaria.
Con el Decreto, ingresaron los 72 y faltaban por ser vinculados, 178 operarios. Por ejemplo, se conoció que, a la persona encargada del área de archivo, le ajustaron el Manual de Funciones para que tuviera una especialización en derechos humanos, porque era el operario que tenía la anterior Alcaldía para ocupar ese cargo.
