jueves, 20 de septiembre de 2018
Dominical/ Creado el: 2017-10-29 08:45 - Última actualización: 2017-10-29 08:47

Muerte digna: Un debate que va más allá de los principios

El tema de la eutanasia es algo sensible en nuestra sociedad, aún más cuando se trata de menores de edad. La iniciativa está en tela de juicio luego de que la Corte Constitucional exhortara al Ministerio de Salud colombiano a regular la muerte digna en menores.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | octubre 29 de 2017

Luego de que esta semana la Corte exhortará al Ministerio de Salud, a avanzar en la regulación de la eutanasia o muerte digna en lo referente a menores de edad; quienes debido a afecciones graves estén sujetos a una vida artificial, sin calidad, se revivió el debate ético y jurídico sobre el tema.

Hacer efectiva la muerte digna

La decisión se toma luego de que la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional estudiara el caso de un menor con parálisis cerebral, epilepsia de difícil control, escoliosis severa, displasia de cadera y reflujo gastroesofágico severo, a quien su EPS no le brindó los servicios e insumos necesarios de forma idónea para el tratamiento de sus padecimientos, por lo que sus padres solicitaron la valoración prevista en la Resolución 1216 del 2015 para hacer efectivo el derecho a morir dignamente de su hijo, pero la entidad nunca les respondió. 

Por este motivo la alta corporación se pronunció sobre varios aspectos acerca de este tema, como lo son: el reconocimiento al derecho a la muerte digna y su íntima con la vida y dignidad humana, a vida como presupuesto para el ejercicio de otros derechos bajo una acepción que supera la simple subsistencia; la legitimación para decidir hasta cuándo la existencia es deseable y compatible con la dignidad humana y cuándo está en cabeza del titular del derecho a la vida, razón por la que se exige su consentimiento y  que obligar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y padece profundas aflicciones, equivale a un trato cruel e inhumano y anula la dignidad y autonomía. 

Requisitos de la Corte

Manifestación libre, espontánea e informada del deseo de morir; la conformación de un comité para que en un término razonable sea programado el procedimiento; la posibilidad de la persona afectada de desistir de su decisión y activar otras prácticas médicas para aliviar su dolor y la premura en la realización de la eutanasia de tal forma que se garantice el procedimiento.

No se puede obligar a nadie

 El tema de discusión siempre ha estado centrado en decisiones espirituales por encima de las decisiones personales. Quienes no aceptan y tienen posturas dogmáticas al no reconocer el carácter fundamental que está directamente relacionado con la dignidad humana, la cual le impide categóricamente al Estado o a cualquier otra persona o institución, imponerles a las personas con graves afecciones de salud,  prolongar indeterminadamente su vida, sobre todo cuando está en fase terminal. Esto también aplica a los menores, que por no contar con decisión propia al no ser mayores de edad, tienen derecho a acceder a esta práctica.

En este sentido la ley como tal ya se encuentra reconocida en el país, en teoría, porque en la práctica no se ha podido materializar debido a una falta de reglamentación, que se puede denominar como la carencia de un marco jurídico que permita que los involucrados puedan actuar de conformidad con los mandatos constitucionales.

Contexto e historia de la eutanasia

Por más de 20 años, desde que se empezaron a ver los primeros atisbos en lo referente a este tema, el Estado colombiano ha estado en deuda con la regulación.

Hace unos años, a través de demanda interpuesta por el ciudadano José Eurípides Parra, pidiendo la inconstitucionalidad del Artículo 326 del Código Penal, actual Artículo 106 de la nueva legislación y que se conoce como homicidio por piedad, la sentencia en sus ámbitos resolutorios, exhortó al Congreso para que en el tiempo más breve posible, regule el tema de la muerte digna, en tal caso se ha de establecer una especie de regulación con la muerte digna debe ser a través del proceso requerido por la Constitución cuando se regula un derecho fundamental, de tal forma que dicha regulación de la muerte digna, habría que ser tramitada a través de una Ley Estatutaria como lo estipula la Constitución Política en los artículos 152 y 153.

Lo anterior lo coloca de manifiesto el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Alberto Arrubla, a través de una entrevista concedida al portal ámbito jurídico al iniciar su análisis sobre uno de los temas más espinosos del constitucionalismo moderno: La eutanasia.

“Cada individuo vive su propia muerte y muere su propia vida” indicó Arrubla.

Es por esto que la Corte Constitucional ha decidido seguir adelantando las solicitudes correspondientes al Congreso de la República para que en un máximo de dos años se estudie el tema y se dé una reglamentación con marcos legales, y al Ministerio de Salud un término de cuatro meses para que se establezca comités interdisciplinarios para garantizar la muerte digna de los niños y adolescentes y expida una regulación diferenciada.

Rechazo católico

Por su parte la Iglesia Católica, al conocer la decisión de la Corte Constitucional en lo referente a este tema, por medio de la Conferencia Episcopal manifestó su gran aflicción y aseguró que esto es una grave violación a la dignidad de las personas, contrario de lo que las personas a favor piensan que es precisamente en pro de salvaguardar la dignidad.

«El propósito de la reglamentación ordenada por la Corte en contra vía del principio constitucional de defensa de la vida (artículo 11) y abre las puertas para que la sociedad llegue a legitimar la supresión de algunas personas y la negación de los más débiles y necesitados».

Los obispos hacen un llamado a los legisladores y profesionales de la salud, «para que recuerden la invitación del Papa Francisco para que asuman ‘decisiones valientes y contra corriente’ en defensa de la vida, especialmente la de los más pobres y débiles». 

También piden en el mensaje, «profundizar en la vida como el don más grande y maravilloso de Dios, dirigir más esfuerzos a la prestación digna, eficaz y humanizante de los servicios de salud, y multiplicar las acciones para acompañar y aliviar los sufrimientos de los enfermos. 

Lento tramite

A continuación estos han sido los hechos jurídicos más relevantes que derivaron en la reglamentación de la muerte digna, con la notable ausencia del Congreso en este debate. (Fuente ambitojuridico.com)

1997

Sentencia C-239 de 1997. Se condicionó la responsabilidad del médico autor de la muerte del paciente a la voluntad libre del sujeto pasivo. Es responsabilidad de los funcionarios judiciales determinar la autenticidad del consentimiento y la antijuridicidad del acto. Se exhortó al Congreso para regular el tema en el tiempo más breve posible.

2007

Proyecto de ley 005 del 2007. El 20 de julio del 2007 se radicó en el Congreso una iniciativa que pretendía reglamentar las prácticas de la eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia. El 21 de agosto se publicó la ponencia para primer debate y el 30 de octubre fue retirado el texto por el autor.

2008

Sentencia C-224 del 2008. La Corte se declaró inhibida para pronunciarse sobre la necesidad de querella frente a la inducción o ayuda al suicidio, debido a que la norma parcialmente demandada fue expulsada del ordenamiento durante el trámite de la acción.

Proyecto de ley 044 del 2008. El 23 de julio del 2008 se radicó en el Congreso un proyecto que, además de buscar reglamentar las prácticas de la eutanasia y la asistencia al suicidio, regularía el servicio de cuidados paliativos. Fue aprobado en primer debate el 17 de septiembre y archivado en segundo el 20 de junio.

2012

Proyecto de ley 070 del 2012. El 8 de septiembre del 2012 se radicó en el Legislativo un proyecto que buscaba regular de manera integral y rigurosa la forma en que se atenderían las solicitudes de los pacientes sobre la terminación de su vida en condiciones dignas y humanas. Fue archivado por vencimiento de términos, el 20 de junio del 2013.

2014

Proyecto de ley 117 del 2014. El 11 de abril del 2014 fue radicada nuevamente en el Congreso una iniciativa que pretendía reglamentar las prácticas de la eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia, la cual fue archivada el 19 de junio del 2015 por tránsito de legislatura.

Ley 1733 del 2014. Conocida también como Ley Consuelo Devis Saavedra, regula los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles, en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida.

Sentencia T-970 del 2014. Ordenó al Ministerio de Salud disponer, en el término de 30 días, de los elementos necesarios para que los prestadores de servicios de salud conformaran un comité interdisciplinario y crearan un protocolo médico relacionado con el derecho a morir dignamente.

Sentencia C-233 del 2014. Se declararon infundadas las objeciones presidenciales presentadas al proyecto de ley de cuidados paliativos. Dentro del pronunciamiento se explicó que mantener el funcionamiento de órganos por medios artificiales de pacientes con muerte cerebral no otorga al médico la posibilidad de decidir sobre la vida.

2015

Resolución 1216 del 2015. En cumplimiento a las órdenes impartidas por la Sentencia T-970 del 2014, el Ministerio de Salud ordenó crear comités científicos interdisciplinarios, cuya labor será evaluar las solicitudes de efectividad del derecho a morir dignamente.

Circular Externa 13 del 2015. Dando cumplimiento a la Sentencia T-970 del 2014, la Superintendencia Nacional de Salud emitió instrucciones sobre la organización y funcionamiento de los comités científicos interdisciplinarios conformados en las entidades prestadoras de servicios de salud para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad.

Auto 414A del 2015. La Corte Constitucional negó la solicitud de nulidad de la Sentencia T-970 del 2014 planteada por la Procuraduría General de la Nación. Según el alto tribunal, dicho fallo ordenó la elaboración de un protocolo técnico que definiera el contenido de un derecho fundamental, mas no lo reglamenta.

Auto 11001032400020150019400 del 2015. El Consejo de Estado negó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la Resolución 1216 del 2015, por la cual se dio cumplimiento a órdenes dadas por la Sentencia T-970 del 2014. El expediente se encuentra en despacho.

Proyecto de ley 030 del 2015. El 30 de julio del 2015 se radicó en el Congreso un proyecto que, al igual que los anteriores, buscaba reglamentar las prácticas de la eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia. Se alcanzó a publicar ponencia para primer debate y fue archivado por tránsito de legislatura el 20 de junio del 2016.  

2016

Sentencia T-132 del 2016. El individuo que solicite la muerte asistida deberá comprender la situación en la que se encuentra y expresar su consentimiento libremente. Para ello, deberá contar con información seria y fiable proveniente de un médico capacitado que le indique un pronóstico.

Sentencia C-274 del 2016. Se declaró inexequible el parágrafo del artículo 9º de la Ley 911 del 2004, sobre la responsabilidad en el ejercicio de la enfermería y la objeción de conciencia. Dijo la Corte que la existencia de normas en las instituciones que permitan procedimientos que vulneren el derecho a la vida, la dignidad y los derechos de los seres humanos contraría el orden constitucional.

Sentencia C-327 del 2016. Se declara exequible la expresión “principia al nacer” del artículo 90 del Código Civil y se indica que la vida prenatal no ostenta la titularidad del derecho a la vida y así mismo la existencia legal de la persona desde el nacimiento.

Resolución 1051 del 2016. El Ministerio de Salud reglamenta la Ley de Cuidados Paliativos, en cuanto al documento de voluntad anticipada, en el cual debe constar por escrito la expresión concreta de que la persona se niega a recibir tratamientos médicos que prolonguen su vida de manera innecesaria.

Resolución 4006 del 2016. Se crea un comité interno en el Ministerio de Salud para controlar los procedimientos que hagan efectivo el derecho a morir con dignidad, realizando un análisis a los reportes emitidos por los comités científicos interdisciplinarios de los prestadores de servicios de salud.

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