Un entramado delictivo que involucraba a integrantes y exintegrantes del Ejército Nacional fue desmantelado por la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.
Cinco uniformados activos, dos pensionados y dos retirados fueron capturados y judicializados por su presunta participación en el tráfico de armas y accesorios para grupos armados ilegales.
Capturas en múltiples regiones del país
En operativos simultáneos realizados en Bogotá, Nilo (Cundinamarca), Florencia (Caquetá), Duitama (Boyacá), Montería (Córdoba) y Riohacha (La Guajira), el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, detuvo a los presuntos responsables, identificados como:
Sargentos activos: Raúl Leonardo Becerra Sánchez, Luis Carlos Buitrago Fierro y Anderson Sánchez.
Sargentos retirados: César Leslie Ramírez Pinto, James Valencia Torres y Mauricio Fagua Quiroz.
Soldados profesionales: Wilson García Betancourt y Breshnet Peña Sierra.
Soldado pensionado: Luis Ferney Ríos Valderrama.
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Modus operandi
Las investigaciones revelaron que los implicados habrían aprovechado sus cargos para sustraer partes de armas de fuego y accesorios de instalaciones militares como los fuertes de Tolemaida (Cundinamarca) y Larandia (Caquetá), el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 20 “General Servíez” de Villavicencio (Meta), y el almacén de Indumil en la Seccional Caquetá.
Los elementos extraídos eran entregados a contactos externos, quienes los ensamblaban para fabricar fusiles y otras armas de fuego que posteriormente eran vendidas a estructuras criminales. Según las evidencias recopiladas, los pagos por estas actividades se realizaban exclusivamente en efectivo, evitando cualquier registro bancario que pudiera delatar las transacciones.
Durante las audiencias, la Fiscalía imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
De los nueve procesados, el sargento retirado James Valencia Torres aceptó los cargos formulados por el ente acusador, mientras que los demás los rechazaron. Sin embargo, un juez de control de garantías ordenó que todos permanecieran bajo detención domiciliaria mientras avanzan las investigaciones.
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