DIARIO DEL HUILA, INTERNACIONAL

EFE

Una misión de la ONU, que denunció el año pasado que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad, denunció este miércoles que en el país caribeño se siguen reportando “detenciones arbitrarias”, ejecuciones extrajudiciales y casos de abuso sexual a personas en custodia.

Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos una actualización de su trabajo en la nación sudamericana.

La misión “continúa estableciendo los hechos y las circunstancias de los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos en Venezuela”, dijo Valiñas, quien espera presentar nuevas “conclusiones sólidas” en septiembre de este año y en 2022.

Este grupo, constituido en 2019, determinó el pasado mes de septiembre que las autoridades y las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro incurrieron desde 2014 en graves violaciones a los derechos humanos e incluso en crímenes de lesa humanidad.

La entidad ha continuado con su trabajo desde entonces e indicó que identificó “más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año”.

Sobre las ejecuciones extrajudiciales, Valiñas citó ejemplos como la operación policial que en enero se llevó a cabo en el barrio caraqueño de La Vega, “una de las más letales hasta la fecha”, en la que participaron 650 agemtes de las FAES y donde se perpetraron varios de los asesinatos reportados.

En su informe sobre la crisis venezolana, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, había pedido la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales, consideradas por Estados Unidos como grupo terrorista.

El dictador Maduro repudió en ese entonces el informe al sostener que está “plagado de falsedades”.

“Recientemente nos hemos puesto en contacto con el gobierno de Venezuela para iniciar un diálogo y poder realizar investigaciones en el terreno”, manifestó Valiñas, quien destacó que la misión busca “información relacionada con los esfuerzos del gobierno para prevenir y remediar las violaciones, y para investigar y sancionar a los y las responsables de los abusos”.

El informe también puso el foco sobre la situación de las detenciones arbitrarias: “Desde septiembre, según organizaciones de la sociedad civil, alrededor de 70 presos políticos han sido puestos en libertad con medidas sustitutivas”, indica un párrafo de la declaración.

Sin embargo, apuntó, la “represión continúa (…) contra las personas percibidas como ‘enemigos internos’ u opositores al gobierno”. En esa línea, alertó por “36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias”.

“Algunas de ellas parecen haber tenido una motivación política. Algunas de estas personas han sido acusadas bajo la Ley contra el Odio, acusadas por delitos de odio por criticar al gobierno y a personas relacionadas con él”, subrayó.

Valiñas dijo que su equipo también investigará “denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las nuevas denuncias que hemos recibido sobre actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas”.

Valiñas alertó sobre nueve detenciones que “afectaron a periodistas”, incluido Roland Carreño, preso en octubre pasado y acusado de “conspiración, financiamiento al terrorismo, asociación y tráfico ilícito de armas de guerra”.

Los periodistas en Venezuela, denunció, “han sido acosados o sus trabajos suspendidos, sus oficinas allanadas y sus equipos confiscados”. “Silenciar a quienes informan sobre la realidad política y social impide la transparencia necesaria para garantizar la rendición de cuentas”.

“Hace unos días, el presidente Maduro se dirigió a este Consejo y expuso una visión para Venezuela con los derechos humanos como pilar central”, indicó Valiñas. “Mientras lo hacía, él y su gobierno continuaron tergiversando la gravedad de la situación y negando toda transgresión”.

La jurista portuguesa también recordó que el 6 de diciembre el país celebró unas elecciones parlamentarias “injustas y carentes de libertad” mientras “el clima político de exclusión de las voces disidentes parece continuar”.

Valiñas también mostró preocupación por la creciente persecución a activistas humanitarios y organizaciones no gubernamentales, mientras el régimen de Maduro endurece los requisitos para el registro, financiación y funcionamiento de esas ONG.

La detención del coordinador de la organización Alimenta la Solidaridad en noviembre, o la de seis miembros de la ONG Azul Positivo en enero, ejemplifican este problema, defendió Valiñas ante el Consejo de Derechos Humanos.

La portuguesa denunció asimismo que desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 más de veinte personas han sido detenidas en Venezuela por “compartir información o criticar la respuesta del Gobierno a la pandemia”.

Valiñas recordó que el régimen de Maduro sigue sin permitir la entrada al país a la misión (formada por ella, el experto chileno Francisco Cox y el británico Paul Seils), pero aseguró que “negar la realidad y desestimar todas las críticas no ayuda a proteger los derechos fundamentales de aquellos en riesgo”.

El gobierno interino de Juan Guaidó se hizo eco del reporte. Carlos Vecchio, embajador del gobierno interino en los Estados Unidos, indicó en sus redes sociales que la administración coincide “con la señora Valiñas especialmente en un punto clave”. ‘Las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia’. Maduro y su mafia (colectivos, guerrilleros, torturadores y opresores) deben ser responsabilizados por sus crímenes de lesa humanidad contra los venezolanos”, expresó.

En contraste, el régimen criticó fuertemente la presentación. El embajador de Maduro ante la ONU, Héctor Constant, denunció un “circo mediático que pretende hacer de los derechos humanos un arma para continuar agrediendo el nombre de Venezuela en el mundo”.

Jorge Arreaza, canciller de la dictadura, también cuestionó el informe de la ONU por medio de un comunicado: “La República Bolivariana de Venezuela expresa su más firme rechazo a las falsas acusaciones realizadas por la mal llamada Misión Internacional de Determinación de los Hechos. Una vez más, se vierten señalamientos carentes del más mínimo sustento, a partir de matrices mediáticas y sin contacto directo con la realidad del país”.

Asimismo, señaló que el régimen de Maduro “no reconoce mecanismos paralelos que pretenden entorpecer la fluida relación de cooperación establecida con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH”.