Por Juan Pablo Liévano El 7 de agosto se posesionará Gustavo Petro. Aun cuando ha tendido puentes de diálogo y reconciliación, se presentará una verdadera confrontación entre filosofías políticas y económicas durante su mandato. Todos queremos desarrollo económico y una distribución más equitativa de las oportunidades y el ingreso; en pocas palabras, desarrollar el país y que el desarrollo beneficie a toda la ciudadanía. Los asuntos están, incluso, claramente identificados. El problema es cómo se van a resolver. Así, estarán en discusión asuntos como el tamaño del estado, la intervención en la economía, los subsidios y su finalidad, la función social de la propiedad, la forma de tributación y los beneficios tributarios, la forma de explotación energética, la protección al medio ambiente, los derechos de la Nación versus las comunidades, la ejecución y financiación de la infraestructura, la financiación de las pensiones y la estructura del sistema de salud, por mencionar algunos temas. Las determinaciones que se tomen respecto de estos asuntos en el Congreso ubicarán a los partidos en una u otra orilla. Habrá asuntos conciliables y otros que no lo serán, y requerirán posturas ideológicas claras por parte de los partidos políticos, que se deberían resolver conforme a sus bases, principios e ideologías. No es algo para tomar a la ligera, pues el Gobierno de Gustavo Petro, como lo manifestó en la campaña, quiere cambiarlo casi todo, aun cuando ya se avizoran posturas más concretas y realistas. En este contexto, la oposición, con base en las ideologías y principios de los partidos políticos, es un deber moral, ético y político. La coalición de gobierno, con los partidos que a la fecha han manifestado que se declararán de gobierno o que podrían ser de gobierno o que son afines al gobierno, suman 54 senadores y 111 representantes. Por otro lado, el único partido que ha manifestado que estará en oposición es el Centro Democrático. En el papel, el nuevo Gobierno cuenta con mayorías para adelantar su agenda legislativa, lo cual hará más holgadamente sumando fácilmente apoyos de otras fuerzas. Todo nos lleva a pensar que, a pesar de las múltiples manifestaciones de varios partidos políticos que podrían ser independientes, el Gobierno contará con una verdadera aplanadora para la aprobación de sus proyectos. El Estatuto de la Oposición establece que los partidos políticos tienen un mes desde la posesión del Gobierno para declararse de gobierno, independientes o de oposición. Los partidos que están en orillas ideológicas distintas, específicamente en la forma de realizar los cambios y adelantar la agenda legislativa, deberían declararse de oposición, lo cual no necesariamente impedirá votar positivamente los proyectos que consideren adecuados. No obstante, al hacerlo, enviarán un mensaje político a la ciudadanía y sus electores de respeto, coherencia y tranquilidad, ya que su decisión podría también implicar una postura más mesurada del nuevo Gobierno, reflejando además la realidad política del país, pues el 48% de los ciudadanos no votaron por Gustavo Petro en la segunda vuelta. Como ciudadanos esperamos una oposición crítica y reflexiva, lo cual es un deber moral, ético y político de los partidos que no apoyaron a Gustavo Petro en la segunda vuelta.
