J. Rojas
Según un informe publicado este miércoles por la organización no gubernamental World Justice Project (WJP), El Salvador, Nicaragua y Venezuela se encuentran entre los ejemplos más extremos a nivel mundial de gobiernos con tendencias autoritarias que se han profundizado en el último año.
De acuerdo con el Índice anual del Estado de Derecho de WJP, que clasifica a 140 países de acuerdo con factores como la seguridad y el orden, la transparencia o el respeto a los derechos humanos, esos tres gobiernos latinoamericanos han “empeorado considerablemente” en comparación con 2021. El documento indica que la “consolidación del poder ejecutivo y la erosión de los derechos humanos y las libertades” han contribuido al ascenso del autoritarismo en los tres países.
El índice concede una puntuación de 0 a 1 a los gobiernos, según el nivel de adhesión al Estado de Derecho, basada en entrevistas a hogares y expertos dentro de cada país. Un total de 22 de los 32 países de Latinoamérica y el Caribe incluidos en el informe han visto en el último año una reducción en el Estado de Derecho.
Para la investigadora de WJP Natalia Rodríguez, esto hay tres factores principales, presentes en la mayoría de países de la región, que contribuyeron a este declive: menores límites a los poderes gubernamentales, un deterioro de la Justicia Civil y la falta de protección de los derechos fundamentales.
La directora del Análisis de Datos de la organización, Ana María Montoya, a su vez, dijo que Latinoamérica se une a una tendencia global, ya que “el Estado de Derecho continúa debilitándose en todo el mundo”, en concreto en el 61% de los países incluidos en el índice. Y es que, además de constatar un declive en 2022 en comparación con 2021, la organización ha registrado un descenso por quinto año consecutivo en el Estado de Derecho en el mundo.
Es así como de las diez naciones que han mostrado un mayor debilitamiento a nivel global, tres están en Latinoamérica: Haití, Nicaragua y Venezuela, esta última en el último puesto del índice con una calificación de 0,26. Para obtener datos en Nicaragua, explicó Montoya, WJP se encontró con una serie de obstáculos, precisamente por el “incremento a las barreras de las libertades”.
Para elaborar el índice para este país, la organización no pudo incluir entrevistas a hogares por razones de seguridad y contaron solo con cuestionarios a expertos, detalló Tanya Primani, codirectora del índice de WJP. Honduras, por su parte, fue uno de los pocos Estados de la región -junto con Ecuador, Belice y Argentina- que reportaron mejoras en el Estado de Derecho.
Finalmente, por contra, Uruguay, Costa Rica y Chile fueron los tres Ejecutivos de la región con mayor adhesión al Estado de Derecho, de acuerdo con el informe.
