Por: Julio Bahamón

Parapeto

Conocedores del anuncio oficial  debemos celebrar que la compleja situación que se venía presentando en la vía ruta 45, para su rehabilitación y modernización, hoy al fin está resuelta, y  es por lo pronto, una realidad. Sufrimos por  más de 6 años las promesas incumplidas, las mentiras y los  engaños con resignación, pero con indignación. La región sur colombiana es la única zona del país que en los últimos 14 años no ha recibido ni un peso del presupuesto nacional   para obras de infraestructura en sus carreteras de primer orden. Y lo más grave es que durante  todos esos años nos ofrecieron la terminación y construcción de distintas carreteras que fueron impulsadas durante los 8 años de gobierno del Dr Álvaro Uribe y,  luego,  los gobiernos siguientes las quitaron del plan vial nacional: las vías afectadas han sido: Colombia-Uribe; Isnos Paleara, La Plata- Popayán,  entre otras, por lo que esperamos que, con el anuncio de la iniciación de las obras de la ruta 45 se premie a la región con una estupenda carretera de doble calzada desde su abscisa PR+0 hasta el PR+456. El director de la ANI Dr Manuel Felipe Gutiérrez en su comunicado nos ha dicho que el nuevo concesionario lo integran dos sociedades: Mercantil Colpatria y Patria, pero que los ejecutores de las obras serán tres empresas distintas, a saber, la costarricense MECA S.A,  Construcciones El Cóndor y una China denominada CCA . Según este dato, nos toca  aceptar que todas esas empresas ganen en el negocio. Por ese motivo, y con más veras  como región, tenemos derecho de conocer, entonces, cual será finalmente el plan de inversión para su rehabilitación y modernización, como por ejemplo: 1.- cual será el verdadero alcance de la intervención en la vía; 2.- saber que recortes se le han hecho a la inversión, ya que según la ministra Angélica María Orozco,  nos decía, que el presupuesto asignado para ejecutar las obras  era de $3,28 Billones de pesos, pero ahora con la buena nueva del director Gutiérrez, el presupuesto solamente será de  $1,68 Billones de pesos. A raíz de esta inconsistencia surge la duda: ¿el resto de la asignación original, en donde se quedó enredado?, ¿será que nos lo van a quedar debiendo? Pacientemente hemos venido pagando los peajes desde hace muchos años creyendo que ese corredor vial iba a ser una realidad y ahora que se anuncia su comienzo es importante que nos digan en que actividades se van a invertir los recursos de peajes que no vaya a ser en pagos de indemnizaciones a la firma cedente Aliadas, como galardón por su incumplimiento e incompetencia técnica.  Increíble que ahora con el recorte anunciado, la región nuevamente sea víctima de mandos medios, ya que antes del anuncio del Dr Gutiérrez se contemplaba construir doble calzada completa y  las variantes en Campoalegre, Hobo, Gigante, el viaducto de Pericongo, y la vía de acceso  de doble calzada a San Agustín, y ahora con la nueva apropiación algunos de estos trabajos prioritarios no serán tenidos en cuenta. Lo que vemos, señores de la ANI es a muchas empresas metidas en el negocio y demasiados gastos administrativos. Es absolutamente inconcebible que debamos seguir sometidos a transitar por esa carretera, en largos tramos, a velocidades promedio de 40 km/hora o menos, y nos expongan a  soportar los inconvenientes que se presentan actualmente en la vía.  Con conocimiento de causa, en mi doble condición, de  Ingeniero  civil y exdirector del Distrito Once de carreteras del Huila, hoy Invias, les cuento que en semana santa la recorrí desde Neiva hasta San Agustín, y observe todos los contratiempos que se presentan en la  carretera, al igual que el camino sin terminar que conduce de San Agustín a la inspección de Obando, vi también algunas construcciones inconclusas, el dragado de la quebrada Rio Frio en Campoalegre, la infame destrucción de la vía a Rivera con una calzada sin terminar y muchas obras más  sin ejecutar, pero dejemos este informe de vías departamentales  para la siguiente columna.  Por ahora concentrémonos en el tema de la ruta 45 y preparémonos para constituir una veeduría ciudadana interdepartamental con representantes de los departamentos beneficiados para ejercer una vigilancia de cumplimiento, desarrollo de las obras y defensa ambiental de la región.