domingo, 18 de noviembre de 2018
Opinión/ Creado el: 2018-11-08 08:17

Parapeto.-La cuestión agraria. Parte 3.

Escrito por: Julio Bahamón Vanegas
 | noviembre 08 de 2018

Plan que se desarrolló.- El país, para aquella época ya venía sufriendo en distintas regiones el descontento que se ventilaba entre propietarios y arrendatarios y creía el Dr Lleras Restrepo que ese fenómeno se debía tratar teniendo en consideración precisamente las condiciones del trabajo agrícola en los diferentes departamentos, y las características propias de cada región.

El gobierno de Cundinamarca se empeñó en presentar ante el Congreso de la Republica un proyecto de un Código de Trabajo Rural  insistiéndole al Gobierno Nacional y al Congreso para prever la constitución de una comisión permanente  en la que tuvieran cabida voceros de las distintas regiones del país y las discrepantes clases sociales. Nos cuenta el expresidente Carlos Lleras que el Dr Jorge Eliecer Gaitán había presentado, un año antes, a la Cámara de Representantes un proyecto similar pero que se limitaba meramente a las circunstancias que se vivían en el Dpto de Cundinamarca, olvidando las características de la vida campesina de otras regiones del país. El notable exmandatario tuvo entonces el honor de presidir la comisión de la Cámara de Representantes y en ella defendió la idea de que una iniciativa de esa envergadura debía ser estudiada en más de unas pocas sesiones del parlamento  por la limitación del plazo establecido para adelantar un estudio serio y responsable.

Era claro que ese proyecto iría a trascender y a repercutir  en todas las disposiciones que el Código tendría sobre la agricultura nacional lo que ameritaba un estudio minucioso, completo y documentado. Es increíble que se manifestara, desde entonces, que las leyes de protección obrera y campesina eran generalmente burladas  debido a que el Estado siempre ha carecido de órganos de vigilancia en su aplicación. Se pedía que existiera una oficina especial que vigilara de manera directa y permanente el cumplimiento de las leyes obreras, especialmente para los trabajadores del campo.

Que se nombraran funcionarios que  impusieran las sanciones a  que se hagan acreedores los violadores de la ley. Las autoridades no podían contemplar los conflictos violentos que a menudo surgen como simples casos de orden público, sino que se debe buscar en cada caso las razones y motivos sociales que los engendran y aplicarles las medidas que la experiencia y la ley indiquen.

Recalca en su obra el entonces secretario de Gobierno de Cundinamarca que el problema de las mejoras requería de un análisis más profundo debido a que tenía connotaciones tanto jurídicas como económicas,  ya que muchos propietarios se contentaban, por largos años, en recibir el valor más o menos alto de los cánones de arrendamiento, permitiendo que el trabajador valorizara a sus costos las tierras que le eran entregadas. El problema jurídico de las mejoras aparecía, a primera vista, como muy simple, pues el código establecía que al terminar un contrato de arrendamiento el propietario debía pagar al trabajador el valor de las mejoras existentes en las fincas a su terminación.

Pero en la realidad las cosas eran muy diferentes. No era raro que muchos propietarios incluyeran en los contratos de arrendamiento clausulas en virtud de las cuales el propietario no estaba obligado a pagarle al trabajador suma alguna por las mejoras. Era desde luego una monstruosa injusticia. Continuara.- El problema de las mejoras.

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