Muchos opinamos sobre el acuerdo de paz y somos proclives a censurar declaraciones de personajes afectos al partido sin que tengamos realmente conocimiento del alcance constitucional del proceso firmado por Santos con las farc, que por vía fast track, fue elevado a norma constitucional, intocable por 12 años, llevándose por delante la voluntad popular expresada en el plebiscito que le dio un No rotundo a todo lo actuado en esa dirección. Por ese motivo, los organismos creados al amparo del deslegitimado proceso son espurios y anticonstitucionales. El mismo presidente Duque, que juro cumplir fielmente con la constitución y leyes de la república en la ceremonia de toma de posesión del cargo prometió darle al país una paz sin impunidad y no cumplió. Volviendo al tema del acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las farc, el proceso se implementó mediante actos legislativos, leyes, y otras normas de obligatorio cumplimiento para los gobiernos que precedieran al de Juan Manuel Santos, conscientes como el actual, de que el señor Santos desconoció los resultados del plebiscito. Le correspondía a Iván Duque hacerlo, ya que lo que tenemos es una paz soportada en la reinante impunidad que la deslegitima completamente. Inmunidad que favorece a los responsables de delitos de lesa humanidad. La legalidad de la implementación no se discute, más no su legitimidad, así lo dijo el expresidente Álvaro Uribe, lo cual obliga a los sucesivos gobernantes a cumplir sus directrices, o a cambiarlas por vías legales, plebiscito, referendo o asamblea constituyente, a una paz verdadera sin injusticia. Los cambios al proceso de paz deben pasar, por obligación, por un nuevo convenio en el que el congreso actúe en consecuencia y, para eso se requiere un liderazgo desde la presidencia de la república, y ese liderazgo no lo tiene cualquiera; lo vemos en la persona de Oscar Iván Zuluaga, un verdadero estadista, quien ha dicho, por todos los medios, que desde la presidencia de Colombia se compromete a realizar los cambios y las reformas necesarias en el poder legislativo y judicial orientadas a consolidar un país en paz. Con el respeto y consideración que me merece el Dr Zuluaga, le agregaría a su propuesta la necesidad de acompañar las reformas ofrecidas con la creación de un equipo elite en la fiscalía general de la nación que persiga a los delincuentes y malversadores del erario a fin de someterlos al imperio de la ley, y obligarlos a devolver los dineros robados. Si cada año los ladrones del Estado se roban 50 Billones de pesos, se están robando lo de tres reformas tributarias y no hay derecho a tolerar esa tremenda injusticia que, luego por el principio de oportunidad establecido en ley, queda legalizado el saqueo. Este principio de oportunidad no debe aplicar para los que roban al Estado. Por esa razón, para la presidencia debemos escoger y elegir a la persona que necesita el país, no a la que yo quiera, ni al, o a la que me hable más bonito. Cualquiera que sea se tiene que someter a la constitución y a las leyes de Colombia. Por lo pronto, continua vigente la frase que debe pronunciar todo ciudadano elegido al momento de tomar posesión del cargo de presidente de la república: “juro ante Dios y ante la patria cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república de Colombia”. Así de manera enfática y sin tapujos lo afirmó Oscar Iván Zuluaga en su entrevista con Juan Manuel Ospina para que nadie se llame a engaño. Y en ese juramento va implícito el compromiso de construir una Nación en paz, prospera y sin impunidad. Lo demás es romanticismo trasnochado.
